Gobierno pide contundencia a Fuerza Pública contra el clan del Golfo en la costa Caribe

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​Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional tienen la responsabilidad continua de luchar contra el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y el secuestro, independientemente del estado de negociación de los grupos armados ilegales con el Gobierno del Cambio para acogerse a la justicia, dice Ministro de Defensa.

Las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y los servicios de investigación judicial del Estado recibieron instrucciones precisas del Ministerio de Defensa para ejecutar operaciones ofensivas y contundentes que permitan brindar seguridad a las comunidades amenazadas por los grupos armados ilegales y las organizaciones criminales en la costa Caribe. 
Al hacer un balance de la información obtenida en dos consejos de seguridad celebrados en Santa Rosa –municipio ubicado en el sur del departamento de Bolívar– y Santa Marta, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, la cúpula militar y de Policía acordaron abordar la creciente amenaza del Clan del Golfo en esa zona del país y la imperiosa necesidad de que la Fuerza Pública emprenda medidas contundentes para detener su avance territorial.
El jefe de la cartera de Defensa indicó que la Fuerza Pública tiene la responsabilidad continua de luchar contra el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y el secuestro, independientemente del estado de negociación de los grupos armados ilegales con el Gobierno del Cambio para acogerse a la justicia.
El Ministro anunció mayor control territorial en Magdalena y Bolívar para combatir el narcotráfico, el homicidio y la extorsión. Las medidas deben estar dirigidas contra las cabezas de las organizaciones criminales que delinquen en la región, responsables del incremento en los asesinatos.
La mayor cantidad de homicidios en la región “está mediada por el narcotráfico o la confrontación entre las llamadas autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada y el Clan del Golfo, con la pretensión de tener el control de rutas’, explicó el Ministro.
Enfatizó la importancia de poner en marcha estrategias en la represión de delitos y la acción inmediata en situaciones de flagrancia y en todos los actos criminales perpetrados por diversas organizaciones, incluidas las de delincuencia común.
Nuevas unidade​s
​Anunció la creación de un Gaula específico para Santa Marta, con el propósito de asumir un mayor control y mayor eficacia contra la extorsión. Este componente entrará a funcionar en los próximos días.
También confirmó la llegada de una unidad especializada de investigación contra el Narcotráfico, con sede en Barranquilla, que tendrá una comisión en Santa Marta, con el fin de incrementar los resultados que se han venido obteniendo frente a ese delito.
Subrayó el compromiso de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional en garantizar la seguridad de la población, especialmente en lo que respecta a los grupos armados ilegales, mediante el debilitamiento y desarticulación de sus estructuras.
Eleccion​es
​En la búsqueda de garantizar unas elecciones seguras y libres, el ministro Velásquez, señaló que cualquier novedad sobre posible constreñimiento electoral debe ser puesta en conocimiento de las autoridades competentes y la Fuerza Pública, debe priorizar estos casos.
‘En el marco del Plan Democracia, las Fuerzas Militares y la Policía tienen la responsabilidad de garantizar unas elecciones libres y seguras’, subrayó.
El consejo de seguridad contó con la participación de alcaldes de distintos municipios del Sur de Bolívar, delegados de las alcaldías y otras autoridades locales y regionales, quienes colaborarán de manera coordinada con el Gobierno Nacional en la lucha contra esta amenaza.
El Ministro Velásquez estuvo en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) del Carrizo en límites entre Segovia y Remedios, Antioquia, para reafirmar el compromiso del Gobierno Nacional en la protección de los hombres y mujeres en proceso de reintegración. 
Expresó la determinación de hacer todo lo necesario para detener las amenazas que aún enfrentan y mejorar sus condiciones de vida y seguridad tras más de siete años de haberse suscrito el proceso de paz con las FARC.