La Clínica Blas de Lezo impide que la Fiscalía se lleve un cadáver si la familia no paga más de un millón de pesos

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La familia de la señora fallecida denuncia una serie de irregularidades y pésima atención por parte de la clínica.

Exigen se paguen el Copago para dejar sacar el cuerpo. Esto podría tipificarse como secuestro, por lo que podrían instaurar las acciones del caso.

Si la familia no paga un millón doscientos mil pesos, el cadáver de la señora Elsa Gómez Prens no sale de la Clínica Blas de Lezo, le dijeron funcionarios de ese sitio a los miembros de la Fiscalía General de la Nación que llegaron a realizar la diligencia de inspección del cuerpo.


La señora Gómez Prens falleció a las 10 de la mañana de este lunes, después de vivir un verdadero martirio en lugar.
Todo comenzó en el primer semestre de este año cuando la señora Elsa fue recluida en ese lugar por un derrame pleural (líquido en los pulmones). De allí fue remitida a centro a otro centro asistencial y posteriormente le dieron de alta.
En septiembre pasado nuevamente debieron llevarla a la clínica de urgencias Blas de Lezo por los mismos motivos, ya que al parecer tenía agua en los pulmones.
«Los médicos dijeron que además tenía una maza del lado izquierdo del bazo. Desde el principio comenzaron mal. Primero le hicieron una cirugía a mi mamá sin mi autorización, consentimiento o firma de algún documento. Eso fue a finales de septiembre «, comentó una de las hijas de la señora fallecida.
La mujer denunció que posterior a esto, en dicha clínica la querían engañar y en dos oportunidades metieron entre los documentos el consentimiento de la cirugía. «Ante esto elevé una queja ante la Directora de la clínica, quien comentó que el médico le había dicho que yo había firmado y eso es una mentira. A mí no me explicaron cómo era el procedimiento que le hicieron a mi mamá. En esa oportunidad creíamos que la Iban a hospitalizar y resulta que la tenían en cirugía. Me dijeron que le cambiara la ropa porque la iban a drenar para sacar el líquido que tenía en los pulmones», relató.
La cirugía fue con anestesia local. «Ella salió en silla de ruedas y la trasladaron a la sede principal de la clínica Blas de Lezo. A mi mamá la hospitalizaron en el cuarto piso. También tuvimos inconvenientes con otros médicos porque mi madre, no se quejaba de dolor, pero la mantuvieron unos diez días con Tramadol, Dipirona y otro medicamento para el vómito, cosa que nunca hizo».
Pasaron otros cinco días y le pregunté a la doctora porqué «mi mamá pasaba dormida. Dijo que eso era normal y que era producto de los medicamentos. Pasaron los días y mi mamá perdió la movilidad. Ella cerró sus ojos y no los abrió más. Estaba inconsciente».
Ante el estado en el que se encontraba, los médicos le dieron a la familia que debían bajar a la señora a UCI debido a un desgaste cerebral. Según algunos médicos consultados, los medicamentos que le dieron fueron como una bomba y la señora no aguantó.
«A ella la bajaron y pretendían que firmáramos para autorizar la intubación, cosa a la que nos opusimos y eso generó una ‘guerra’ con nosotros por oponernos a que la intubaran», expresó.
La hija de la señora Elsa señaló que debió molestarse con los médicos para que le suspendieran los medicamentos. Ante la presión, decidieron suspenderlos por 72 horas.
«Nos trataban muy mal, no nos querían dar los informes, tuvimos más inconvenientes con los médicos, todo esto lo denunciamos por los malos servicios por parte de la clínica», dijo la mujer.
Un médico al ver a la señora en la UCI preguntó el por qué la habían ingresado dado que ella no tenía por que estar en ese lugar. «La subieron al tercer piso y no transcurrieron 24 horas y la regresaron a UCI. Es más, a ella la intubaron sin nuestra autorización».
La mujer cuenta que tiene un video en el que muestra las condiciones en las que tenían a su mamá. «Ella estaba intubada y la manguera por donde se alimentaba estaba llena de agua y los médicos y enfermeras, pese a que se les pidió que la atendieran, no lo hicieron. Cuando les dio la gana fue que una joven llegó y procedió a limpiarla».
La primera vez que ingresó al salir les cobraron un millón doscientos mil pesos (copago). Ahora que murió están cobrando el mismo valor y si no se paga, no autorizan la salida del cadáver.
La angustiada familia fue hasta la Personería, pero no recibió ningún apoyo. «Solo dijeron que no podían hacer nada», expresó la hija de la señora Elsa.
Igualmente, pudieron apoyo de la Policía Metropolitana y tampoco apoyaron a la familia.
Ante estos hechos que vulneran los derechos fundamentales, la Veeduría en Salud Color Esperanza y otros veedores como Erick Urueta hicieron un llamado urgente para que las directivas de esta clínica sean más humanas y entreguen el cadáver.
«Haremos todas las acciones que sean necesarias para que las autoridades tengan en cuenta este caso y se logren las sanciones necesitarías para que estos mercaderes de la muerte paguen por estos hechos», puntualizaron los veedores.

Una de las hijas de la señora Elsa presentó una denuncia contra la clínica en la Fiscalía por la muerte de su señora madre.