Controversia en Bucaramanga: juez ordena a EPS comprar muñecas sexuales para paciente que alegó afectaciones emocionales

Una decisión judicial ha generado una ola de reacciones en todo el país luego de que un juez de Bucaramanga ordenara a una Entidad Promotora de Salud (EPS) financiar la compra de dos muñecas sexuales inflables para un paciente que argumentó sufrir afectaciones emocionales y de autoestima.

El fallo se produjo tras la presentación de una acción de tutela en la que el ciudadano —cuya identidad se mantiene en reserva por razones de privacidad— sostuvo que su bienestar mental dependía del acceso a dichos dispositivos, utilizados tradicionalmente con fines eróticos. Según el juez, el caso se enmarcaba en la protección del derecho fundamental a la salud mental, por lo que ordenó que la EPS suministrara los elementos solicitados como parte de un “tratamiento”.

La situación fue confirmada por Sergio Prada, directivo de la Clínica San Luis, quien reveló que tuvo conocimiento del fallo por medio del presidente de una EPS. Prada calificó la decisión como un “abuso” del recurso constitucional de la tutela, el cual, según explicó, fue creado para proteger derechos fundamentales, pero no para imponer cargas que considera desproporcionadas sobre el sistema de salud.

“Eso es un abuso. Al parecer, por un problema de autoestima se presentó la tutela y el juez ordenó a la EPS comprar las muñecas inflables. Son decisiones que golpean aún más al sistema de salud”, expresó Prada, visiblemente preocupado por las implicaciones éticas, económicas y administrativas del fallo.

La sentencia ha provocado un intenso debate entre gremios médicos, clínicas, hospitales y juristas, quienes advierten que este tipo de decisiones judiciales podrían abrir la puerta a exigencias similares que no cuentan con respaldo científico ni clínico, y que podrían socavar la sostenibilidad financiera de un sistema de salud ya en crisis.

Por ahora, se desconoce si la EPS involucrada apelará la decisión o si cumplirá con el fallo. Mientras tanto, la polémica continúa alimentando un amplio debate sobre los límites del derecho a la salud y el uso de la tutela como herramienta para exigir tratamientos no convencionales.