Organizaciones sociales del mercado de Bazurto presentan Derecho de Petición Urgente al Alcalde Mayor de Cartagena

Las organizaciones sociales y étnicas del mercado de Bazurto, encabezadas por la Asociación de Comerciantes Independientes Populares Afroindígenas —ASDECOMIN— y la Asociación de Pescadores de Cartagena —MARDIQUE—, radicaron formalmente ante la Alcaldía Mayor de Cartagena un Derecho de Petición Urgente.

Este documento, dirigido al señor alcalde Dr. Dumek Turbay Paz, tiene como objetivo principal solicitar la instalación inmediata de una Mesa Institucional Permanente, con la participación activa de todas las entidades competentes, para abordar la grave situación que afecta actualmente a los comerciantes minoristas populares y afroindígenas del mercado.

Las organizaciones peticionarias exigen:

1. Una Mesa Institucional con enfoque diferencial y derechos humanos.
2. La modulación del fallo judicial en curso que podría generar desplazamientos forzados.
3. Investigación inmediata por la pérdida de expedientes oficiales de comerciantes (Radicado 47790).
4. Revisión urgente de la resolución que cerró vías internas del mercado en 2015 sin consulta previa.
5. Una audiencia directa con el Alcalde Mayor para concertar acciones estructurales con participación de las organizaciones sociales.

“Rechazamos las reuniones simuladas donde no se nos permite participar realmente en las decisiones. La economía popular es digna y exige respeto, garantías y soluciones de fondo”, expresó Fidel Lara Díaz, presidente de ASDECOMIN.

Fundamento legal y respaldo

El Derecho de Petición está sustentado en la Constitución Política, la Ley 70 de 1993, el Convenio 169 de la OIT, el Acuerdo Distrital 185 de 2023, y diversas sentencias de la Corte Constitucional que amparan los derechos colectivos y étnicos.

Asimismo, el documento fue radicado con copia a la Procuraduría Regional de Bolívar, la Defensoría del Pueblo, la Personería Distrital, la Contraloría General y otras organizaciones de base.

Las comunidades y asociaciones firmantes reiteran su voluntad de diálogo y construcción colectiva, pero advierten que, en caso de omisión o dilación por parte de la administración distrital, se iniciarán acciones legales ante la jurisdicción contencioso-administrativa y los organismos internacionales de protección de derechos humanos.