ONG denuncia exterminio de líderes sociales en Colombia y acusa grave negligencia del Estado
La Fundación Árbol Fuente de Vida, organización internacional de Derechos Humanos, denunció públicamente lo que calificó como una de las crisis humanitarias más graves y silenciadas del país: el exterminio sistemático y la desprotección de líderes sociales, defensores de derechos humanos y veedores ciudadanos en Colombia.
Según cifras verificadas por INDEPAZ, solo en 2024 fueron asesinados 173 líderes sociales y 31 firmantes del Acuerdo de Paz. En lo corrido de 2025, la violencia se ha intensificado: 183 líderes sociales y 37 firmantes de paz han sido asesinados, números que, según la organización, reflejan un fracaso absoluto del Estado en su deber de protección.
“En Colombia, defender derechos se ha convertido en una sentencia de muerte”, señala el pronunciamiento.
La ONG responsabilizó directamente al Gobierno Nacional y a la Unidad Nacional de Protección (UNP), a quienes acusa de incumplir sus obligaciones constitucionales e internacionales. Denuncian que los esquemas de seguridad se asignan de forma politizada, mientras que a líderes sociales amenazados se les niega la protección mediante estudios de riesgo amañados, sesgados y alejados de la realidad territorial.
La Fundación también cuestionó la actuación del director nacional de la UNP, afirmando que no da la cara ni escucha a las organizaciones de derechos humanos, y que la entidad dilata, evade y traslada responsabilidades mientras continúan los asesinatos.
Resulta “inaceptable”, afirma la ONG, que el Estado destine miles de millones de pesos en esquemas de seguridad para políticos sin riesgo real —incluso algunos con condenas judiciales—, mientras líderes sociales amenazados son abandonados a su suerte.
La organización reveló que ha enviado más de seis solicitudes formales al Presidente de la República y a la UNP solicitando diálogo y soluciones urgentes.
La respuesta, aseguran, ha sido el silencio, la evasiva y el desprecio institucional, pese a que han presentado propuestas concretas de protección con menor costo y mayor efectividad para líderes y sus familias.
La Fundación sostiene que la desprotección no es casual, sino consecuencia directa del trabajo que realizan los líderes sociales:
“Somos quienes denunciamos la corrupción, las mafias del despojo de tierras, la minería ilegal, la contratación estatal, la crisis en salud y educación, el hambre, el sistema penitenciario y la impunidad. Por denunciar, nos persiguen. Por no callar, nos matan”.
Exigencias urgentes
Ante la gravedad de la situación, la organización exigió públicamente:
Protección inmediata y efectiva para líderes sociales y defensores de derechos humanos.
Revisión independiente de los estudios de riesgo realizados por la UNP.
Fin a la politización de la seguridad.
Justicia para los líderes asesinados.
Instalación urgente de una mesa de diálogo con el Presidente de la República, la UNP, la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Policía Nacional.
Finalmente, la Fundación hizo un llamado urgente a la CIDH, a la ONU y a la comunidad internacional para que intervengan antes de que continúe lo que califican como un exterminio sistemático.
“No hay paz sin líderes vivos.
No hay democracia sin garantías.
La vida de los líderes sociales no se negocia”.
Debe estar conectado para enviar un comentario.