Tribunal de Antioquia suspende decreto que trasladaba a millones de usuarios a otras EPS

El Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó la suspensión temporal del Decreto 182 del 25 de febrero, expedido por el Ministerio de Salud, que proponía reorganizar el sistema de salud en Colombia y contemplaba el traslado de millones de usuarios entre diferentes EPS.

La decisión se tomó como medida cautelar urgente, mientras avanza el proceso judicial que determinará si el decreto se mantiene o se anula definitivamente.

La demanda fue presentada por el ciudadano Víctor Raúl Palacio, quien argumentó que la medida podría afectar intereses colectivos. Según el recurso, el decreto contemplaba traslados obligatorios de cerca de 6 millones de afiliados, de los cuales alrededor de 2,6 millones serían trasladados a la Nueva EPS.

Ante los argumentos presentados por el demandante, el Tribunal consideró que existen razones suficientes para adoptar una medida preventiva, con el fin de evitar posibles afectaciones mientras se estudia el fondo de la demanda. No obstante, aclaró que esta no es una decisión definitiva, sino una medida provisional.

En el documento, el juzgado advirtió que “de llegarse a materializar el traslado de un elevado número de usuarios a una única EPS sin verificar su capacidad de atención, podría dar lugar al colapso de la entidad y resultados catastróficos que podrían significar, incluso, afectaciones generalizadas y potencialmente irreparables en la continuidad y oportunidad del servicio”.

Asimismo, el demandante solicitó que no se realicen traslados hacia la Nueva EPS mientras la entidad continúe intervenida por el Estado y hasta que cumpla con varias condiciones, entre ellas reportar sus estados financieros a la Superintendencia Nacional de Salud, reducir el número de quejas de los usuarios y demostrar que cuenta con la capacidad suficiente para atender a nuevos afiliados.

Con esta decisión judicial, el Ministerio de Salud deberá abstenerse por ahora de ejecutar los cambios previstos en el decreto, mientras la justicia decide de fondo sobre la legalidad de la medida.