Acusan formalmente a exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por presunto direccionamiento de contratos

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a los exministros Ricardo Bonilla González y Luis Fernando Velasco Chaves por su presunta participación en el direccionamiento de contratos públicos para favorecer a congresistas y asegurar apoyo político a iniciativas del Gobierno en el Congreso.

De acuerdo con el ente acusador, los exfuncionarios deberán responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.

Las investigaciones señalan que ambos habrían convocado reuniones, impartido directrices y hecho seguimiento a proyectos de inversión en el Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con el objetivo de beneficiar a determinados congresistas a cambio de respaldo a proyectos gubernamentales en el Legislativo.

Según la Fiscalía, los hechos se habrían desarrollado en tres fases. La primera, entre junio y septiembre de 2023, cuando presuntamente intervinieron en 78 contratos —73 en Invías y cinco en la UNGRD— por un valor cercano a 612.000 millones de pesos, de los cuales siete se concretaron.

En una segunda etapa, entre septiembre y diciembre de 2023, habrían intercedido en tres procesos contractuales de la UNGRD, relacionados con atención de emergencias en municipios como Saravena (Arauca), Cotorra (Córdoba) y El Salado, en El Carmen de Bolívar, por un monto de 86.619 millones de pesos.

Aunque estos contratos no se firmaron, los congresistas presuntamente beneficiados habrían aprobado 17 operaciones de crédito a favor del Gobierno nacional.

Finalmente, la Fiscalía indicó que entre noviembre de 2023 y marzo de 2024, los exministros habrían mediado irregularmente para direccionar un contrato de la UNGRD en Sahagún (Córdoba), por 35.000 millones de pesos, a personas cercanas a un congresista de la Comisión Primera del Senado. Este proceso tampoco se materializó.

El caso avanza ahora a etapa judicial, donde se definirá la responsabilidad de los exfuncionarios en estos hechos.