Juez deja sin efectos intervención de Coosalud y ordena devolver su administración a sus dueños

La decisión del Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cartagena deja sin efectos las resoluciones con las que se había prorrogado la toma de posesión de la cooperativa.

El agente interventor tendrá cinco días hábiles para entregar la información contable, financiera y administrativa.

Una decisión judicial vuelve a poner a Coosalud en el centro del debate sobre la intervención estatal al sistema de salud. El Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cartagena dejó sin efectos las resoluciones mediante las cuales la Superintendencia de la Economía Solidaria había prorrogado por un año la toma de posesión de la cooperativa.

La determinación fue adoptada en respuesta a una acción de tutela y significa, en la práctica, que la administración de la entidad deberá regresar a sus órganos naturales de gobierno, representados por la Asamblea General de Delegados.

Coosalud, una EPS de origen cartagenero que hoy cuenta con 3.356.753 afiliados en todo el país, había quedado bajo intervención estatal en medio de una de las etapas más complejas del sistema de salud colombiano.

Cinco días para entregar la información
El juez Juan Carlos Marmolejo ordenó que el agente interventor de Coosalud, Bayron Arrieta Jiménez, o quien haga sus veces, entregue en un plazo máximo de cinco días hábiles todo el material contable, financiero y administrativo de la entidad a los integrantes de la Asamblea General de Delegados.

De acuerdo con la decisión, será este órgano, como máximo órgano de administración de la cooperativa, el encargado de asumir transitoriamente la dirección de la entidad.

Posteriormente, y conforme a los estatutos de Coosalud, deberá convocarse una sesión extraordinaria de delegados para definir los órganos de administración correspondientes.

¿Por qué fue intervenida Coosalud?
La intervención se produjo en noviembre de 2024, cuando la Superintendencia Nacional de Salud estaba bajo la dirección de Giovanny Rubiano.

En ese momento, la entidad argumentó que la medida buscaba garantizar la prestación de los servicios de salud y fortalecer la atención a los afiliados. Rubiano sostuvo entonces que la decisión era para administrar la EPS y no para liquidarla, y que se buscaba mejorar la prestación de los servicios y garantizar una red de atención integral.

Coosalud tenía presencia en 23 departamentos y Bogotá, atendiendo aproximadamente al 6,30 % de los pacientes del sistema.

Sin embargo, la intervención se prolongó y, al cierre del Gobierno de Gustavo Petro, Coosalud permanecía entre las EPS intervenidas por el Estado.

Una decisión que impacta a millones de afiliados
Más allá de la disputa jurídica y administrativa, la decisión tiene un rostro humano: millones de colombianos que dependen de Coosalud para recibir atención médica.

Para los afiliados, el punto central será qué ocurrirá con sus servicios, autorizaciones, tratamientos, citas, medicamentos y atención durante el proceso de transición administrativa.

La decisión judicial no significa que los afiliados queden sin EPS ni que Coosalud deje de operar. El efecto inmediato está relacionado con la administración y gobierno de la cooperativa, que deberá retornar a sus órganos estatutarios en los términos ordenados por el juez.

El fallo también reabre la discusión sobre los límites de las intervenciones estatales a las EPS y sobre las condiciones jurídicas que deben cumplirse cuando el Gobierno toma temporalmente el control de una entidad que administra recursos y servicios esenciales para millones de usuarios.