Millonario contrato bajo la lupa: Procuraduría formula cargos contra exalcalde de Mompox por presuntas irregularidades en tres jarillones

Las obras, contratadas por más de $7.300 millones, buscaban proteger a seis corregimientos y la cabecera municipal de Mompox frente a la erosión y las inundaciones.

La investigación también cobija a un exsecretario de Planeación.

La ejecución de tres importantes obras de protección contra las inundaciones y la erosión en Mompox quedó en el centro de una investigación disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación.

El Ministerio Público formuló pliego de cargos contra el exalcalde de Mompox, Guillermo Arturo Santos Anaya, quien estuvo al frente de la administración municipal entre 2020 y 2023, y contra el entonces secretario de Planeación, Enrique Vanstrahlen Valest, por presuntas irregularidades relacionadas con la ejecución de tres muros de contención o jarillones contratados por un valor superior a $7.300 millones.

De acuerdo con la Procuraduría Provincial de Instrucción de Magangué, los funcionarios habrían incurrido, presuntamente, en omisiones en el seguimiento, vigilancia y control de las obras, pese a que se trataba de proyectos considerados estratégicos para la protección de comunidades ubicadas a orillas del río Magdalena.

¿Qué investiga la Procuraduría?
Las obras estaban destinadas a prevenir procesos de erosión e inundaciones en los corregimientos de San Ignacio, Santa Cruz, Santa Rosa, Travesía, Bomba y La Lobata, además de beneficiar a la cabecera municipal de Mompox.

Según el organismo de control, durante la ejecución del contrato se habrían presentado deficiencias e incumplimientos relacionados con las cantidades de obra efectivamente ejecutadas y con las especificaciones técnicas pactadas.

La Procuraduría considera que estas situaciones podrían haber afectado los objetivos para los cuales fueron contratados los proyectos, así como los intereses de la administración municipal.

La lupa sobre la supervisión
Uno de los principales cuestionamientos estaría relacionado con el papel que desempeñaron los entonces funcionarios frente al control de la ejecución contractual.

Para el Ministerio Público, Santos Anaya y Vanstrahlen Valest habrían omitido ejercer un control efectivo sobre el contrato y, presuntamente, tampoco habrían garantizado el adecuado funcionamiento de las labores de supervisión e interventoría.

La entidad señaló que estas actuaciones podrían constituir una vulneración de los principios de economía y responsabilidad que rigen la contratación estatal, debido a la obligación que tienen los servidores públicos de ejercer una vigilancia rigurosa sobre la ejecución de los contratos.

Falta disciplinaria gravísima
Por estos hechos, la Procuraduría calificó provisionalmente la conducta atribuida a los dos exfuncionarios como una falta gravísima cometida con culpa gravísima.

La formulación de cargos hace parte del proceso disciplinario y no constituye una declaración definitiva de responsabilidad. Los investigados tendrán la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y presentar las explicaciones y pruebas que consideren pertinentes dentro del proceso.

El caso mantiene la atención en Mompox debido al monto de los recursos involucrados y a la importancia de las obras para comunidades que históricamente han enfrentado los efectos de las crecientes del río Magdalena.

La investigación deberá establecer finalmente si existieron responsabilidades disciplinarias en la planeación, supervisión, seguimiento y ejecución de los millonarios contratos.