¿Tutela o trinchera política? La justicia no puede convertirse en el campo de batalla de ‘Lalis’

La senadora Laura Daniela Beltrán, conocida como ‘Lalis’, anunció que volverá a acudir a la justicia contra el presidente Abelardo De La Espriella por haber cerrado una alocución oficial con la expresión “¡Que viva Cristo Rey!”.

La congresista fue contundente en sus redes sociales y cuestionó al mandatario por lo que considera un incumplimiento del espíritu de una decisión judicial.

“Yo sí invito al señor @ABDELAESPRIELLA a respetar a los jueces de la República”, escribió la senadora, quien agregó que no basta con cumplir formalmente una orden judicial y, minutos después, actuar —según su interpretación— en sentido contrario a lo que esa decisión buscaba proteger.

En su mensaje, Beltrán sostuvo que si un juez ordenó respetar la neutralidad religiosa del Estado, cerrar una alocución presidencial con “¡Que viva Cristo Rey!” difícilmente puede considerarse respeto por esa decisión.

Y anunció:

“Radicaremos de nuevo una tutela porque es inconcebible que siga con eso. No más, no sea irrespetuoso!!!”

El pronunciamiento abre un debate que va mucho más allá de la religión, del presidente y de la propia senadora.

¿Hasta dónde puede llegar la judicialización de la política?

La pregunta que deberíamos hacernos como sociedad es incómoda, pero necesaria: ¿estamos utilizando la justicia para proteger derechos fundamentales o estamos convirtiendo los tribunales en una nueva trinchera de la confrontación política?

La senadora tiene todo el derecho de acudir a la justicia si considera que se vulneró un derecho o se incumplió una decisión judicial. Ese derecho no está en discusión.

Lo que sí puede y debe discutirse es si cada controversia política debe terminar necesariamente ante un juez.

Porque la tutela no fue creada para resolver diferencias políticas, ni para convertirse en un mecanismo de presión frente a los adversarios.

Es una herramienta constitucional extraordinariamente importante, diseñada para proteger derechos fundamentales cuando estos se encuentran amenazados o vulnerados.
Y precisamente por ser tan importante, merece ser utilizada con responsabilidad.

Si la senadora considera que el presidente incumplió una decisión judicial, que presente la tutela. Que exponga sus argumentos. Que el juez estudie el caso y determine si efectivamente existió una vulneración.

Pero mientras eso ocurre, también tenemos derecho a formular otra pregunta:

¿No estamos llevando demasiado lejos la judicialización de la política?

Colombia tiene una justicia con enormes cargas de trabajo. Jueces y funcionarios deben atender miles de procesos y controversias que afectan directamente la vida de los ciudadanos.

Por eso resulta legítimo preguntarse si una nueva acción judicial, derivada de una expresión pronunciada al final de una alocución presidencial, responde a una necesidad jurídica concreta o si corre el riesgo de convertirse en otro episodio de una disputa política que podría tener otros escenarios de discusión.

El problema no es ‘Lalis’

Y aquí hay que ser claros.

El cuestionamiento no debe convertirse en una defensa automática del presidente.

De La Espriella, como jefe de Estado, tiene la obligación de respetar la Constitución, las instituciones y las decisiones judiciales.

Si existe una orden judicial relacionada con la neutralidad religiosa del Estado, debe cumplirla.

Pero exactamente el mismo principio debe aplicarse a quienes lo enfrentan políticamente.

Las instituciones no pueden ser defendidas solamente cuando fallan a favor de nuestro sector político.

Si se exige respeto por los jueces, también debe existir respeto por sus decisiones, incluso cuando no coincidan con nuestras posiciones.

Y eso incluye esperar a que un juez estudie la nueva acción antes de convertirla en una condena política.

¿Qué pasa si mañana todos hacen lo mismo?

Esta es quizás la pregunta más importante.
Si un congresista de derecha considera ofensiva una expresión de un presidente de izquierda, ¿debería presentar una tutela?

Si un senador de izquierda considera que una declaración de un funcionario de derecha vulnera algún principio constitucional, ¿debe acudir inmediatamente a los tribunales?
¿Vamos a convertir cada frase, discurso, gesto o manifestación de un funcionario público en una potencial controversia judicial?

Si la respuesta es sí, corremos el riesgo de que la justicia termine atrapada en una dinámica que no le corresponde.

Los jueces no pueden convertirse en árbitros de cada pelea política del país.

La justicia debe proteger derechos. Debe controlar los excesos del poder. Debe hacer cumplir la Constitución.

Pero la política también tiene sus propios escenarios.

Los congresistas tienen debates de control político. Tienen la posibilidad de citar funcionarios. Pueden investigar, denunciar, debatir y ejercer oposición. Tienen tribunas públicas y mecanismos constitucionales para ejercer sus funciones.

La tutela debería ser el camino cuando realmente exista un problema jurídico que requiera protección judicial, no simplemente porque sea una herramienta disponible.

¿Defensa de derechos o protagonismo político?

Esta es la parte que incomoda.

Cuando un dirigente político lleva repetidamente sus enfrentamientos con un adversario a los tribunales, resulta inevitable que la ciudadanía se pregunte dónde termina la defensa legítima de los derechos y dónde comienza el aprovechamiento político de las instituciones.

No estamos afirmando que la senadora esté abusando de la tutela. Eso deberá determinarlo la justicia si conoce la acción.

Pero sí es perfectamente válido preguntarle:
¿Esta tutela busca proteger un derecho fundamental o busca mantener viva una confrontación política con el presidente?
La diferencia es enorme.

Y no solamente aplica para ‘Lalis’.

Aplica para todos.

Porque si aceptamos que nuestros adversarios pueden utilizar la justicia para atacarnos políticamente, pero consideramos legítimo que nuestro sector haga exactamente lo mismo, entonces no estamos defendiendo las instituciones.

Estamos defendiendo intereses políticos.

La justicia no puede ser una oficina de la oposición ni del Gobierno

Colombia necesita recuperar algo que parece cada vez más difícil: la capacidad de discutir políticamente sin convertir absolutamente todo en una batalla judicial.

Que la senadora presente la tutela si considera que tiene argumentos jurídicos.
Que el presidente responda ante los jueces si es requerido.

Y que sean los jueces, no Twitter, no los partidos y no los simpatizantes de uno u otro sector, quienes determinen si hubo incumplimiento.
Porque existe un peligro mayor que la frase “¡Que viva Cristo Rey!”.

El peligro de que la justicia termine convertida en un escenario más de la polarización política.
Hoy puede ser una expresión religiosa.

Mañana puede ser una consigna ideológica.
Después, una declaración política.
Y pasado mañana, cualquier frase que alguien considere ofensiva.

Si todo termina en una tutela, ¿quién termina administrando el país: los ciudadanos y sus representantes elegidos democráticamente o los tribunales?

La respuesta debe ser clara.

Los jueces tienen una función esencial en una democracia, pero no pueden reemplazar el debate político.

Una última reflexión

La senadora Beltrán tiene derecho a exigir respeto por los jueces.

El presidente tiene la obligación de respetar las decisiones judiciales.

Pero todos los actores políticos tienen también la obligación de respetar la justicia, evitando convertirla en una herramienta de confrontación partidista.

Si hubo una vulneración, que se corrija.
Si hubo incumplimiento, que se sancione.
Pero si no lo hubo, también deberíamos tener la madurez institucional para aceptarlo.

Porque la justicia no puede ser el arma de la oposición.

Tampoco puede ser el escudo del Gobierno.
La justicia debe ser de los ciudadanos.

Y quizá esa sea la verdadera discusión que deberíamos estar teniendo hoy.