El futuro del agua de Cartagena entra en una discusión clave: accionistas Clase B piden estudios antes de tomar una decisión

Los Accionistas Clase B de Aguas de Cartagena hicieron un llamado al Concejo Distrital y a la ciudadanía para que el Proyecto de Acuerdo No. 116 de 2026, relacionado con la creación de una nueva Empresa Oficial de Servicios Públicos de Cartagena, sea analizado con estudios técnicos, jurídicos, económicos, financieros, fiscales y patrimoniales.

El futuro del servicio de agua potable en Cartagena quedó en el centro de una discusión que, según los Accionistas Clase B de Aguas de Cartagena, no puede resolverse únicamente escogiendo entre un modelo público o uno de participación público-privada.

La preocupación planteada es de fondo: qué modelo puede ofrecer mayores garantías de continuidad, calidad, eficiencia, sostenibilidad y seguridad jurídica para la ciudad.

En un comunicado dirigido a la opinión pública, los accionistas pidieron al Concejo Distrital y a los cartageneros conocer los estudios que sustentan integralmente el Proyecto de Acuerdo No. 116 antes de que se produzca la votación definitiva.

La solicitud surge, entre otros aspectos, por una advertencia preventiva de la Procuraduría General de la Nación sobre la posible coexistencia de la nueva Empresa Oficial de Servicios Públicos de Cartagena E.S.P. con las obligaciones que actualmente ejecuta Aguas de Cartagena bajo un contrato vigente.

El punto que genera mayor preocupación
Los Accionistas Clase B consideran necesario determinar cuál sería el papel de la nueva empresa, así como los posibles riesgos de duplicidad o interferencia contractual, las contingencias jurídicas y fiscales para el Distrito, el costo de mantener estructuras simultáneas y los efectos que una eventual transformación podría tener sobre el patrimonio público.

También advierten que cualquier transición tendría que realizarse sin poner en riesgo la prestación del servicio de agua en Cartagena.

Para los accionistas, que exista una facultad jurídica para crear una empresa oficial no significa automáticamente que esa sea la alternativa más conveniente para la ciudad.

Por eso plantean comparar diferentes escenarios, entre ellos fortalecer el esquema actual, renegociar sus condiciones, asignar funciones complementarias o adoptar un nuevo modelo, siempre que su superioridad sea demostrada previamente.

Una decisión que podría tener consecuencias millonarias
Uno de los puntos más sensibles del comunicado está relacionado con el contrato vigente con Aguas de Cartagena.

Los accionistas señalan que, para que una nueva sociedad pueda asumir plenamente su objetivo, tendría que resolverse la relación contractual existente, cuyo GISAA —según el documento— aún tiene más de ocho años por cumplir.

El comunicado advierte que, si se acudiera a la caducidad, podría presentarse una reclamación por parte del socio operador Veolia, ante la ausencia de causales fuertes que respalden esa decisión. Según los accionistas, esto podría generar indemnizaciones de enorme magnitud para Cartagena y eventuales responsabilidades disciplinarias y penales.

“No se trata de defender una empresa”
Los Accionistas Clase B aseguran que su posición no busca defender una empresa ni un modelo determinado.

Su llamado es a que una decisión estratégica sobre el agua de Cartagena se tome con información completa, evidencia suficiente, comparación objetiva y seguridad jurídica.

“Cualquier transformación debe representar un avance comprobable y no una apuesta cuyas consecuencias se conozcan después”, señala el comunicado.

La discusión queda así planteada ante el Concejo Distrital: antes de cambiar el modelo de prestación o crear una nueva empresa pública de servicios, los accionistas solicitan que Cartagena conozca cuánto costaría la decisión, cuáles serían sus riesgos y qué consecuencias tendría para el Distrito y para la continuidad del servicio de agua.