Afinia detecta conexiones ilegales de energía en Cartagena, Córdoba y Sucre: las pérdidas alcanzan los $140.000 millones mensuales
La empresa intensificó los operativos contra la manipulación de medidores y las conexiones irregulares.
En Cartagena fue detectada una presunta conexión ilegal en un establecimiento comercial que registra una deuda superior a los $280 millones. Los casos podrían tener consecuencias penales.
Detrás de cada conexión irregular de energía hay un impacto que termina afectando la prestación del servicio y los esfuerzos por mejorar la infraestructura eléctrica. Así lo advirtió Afinia, filial del Grupo EPM, al anunciar el fortalecimiento de sus operativos para detectar y combatir el uso ilegal de electricidad en establecimientos comerciales y viviendas de la región Caribe.
De acuerdo con las cifras entregadas por la compañía, cada mes se dejan de registrar cerca de 140 millones de kilovatios hora (kWh) debido a conexiones irregulares y manipulaciones de los equipos de medición. Esta cantidad de energía sería suficiente para abastecer durante 30 días a todo el departamento de Sucre.
Afinia estima que estas pérdidas representan alrededor de $140.000 millones mensuales en energía que no se registra ni se factura, una situación que, además de sus consecuencias económicas, puede generar riesgos de accidentes eléctricos, incendios y hasta situaciones fatales para las personas que realizan estas conexiones y las comunidades cercanas.
Cartagena, Córdoba y Sucre: tres casos bajo la lupa
Durante inspecciones adelantadas en los últimos meses, la empresa identificó tres situaciones que evidenciarían posibles irregularidades en el suministro de energía.
En Cartagena, específicamente en un lavadero de vehículos ubicado en el barrio El Country, en la transversal 58 #30-801, donde también funcionan establecimientos de comidas rápidas, se encontró una acometida instalada antes del equipo de medición. Según Afinia, esta conexión presuntamente permitía consumir energía sin que la totalidad quedara registrada.
El inmueble, de acuerdo con los registros de la compañía, mantiene una deuda superior a los $280 millones.
En San Bernardo del Viento, Córdoba, durante una inspección a una discoteca y billar ubicada en la calle 8, carrera 9-95, fue encontrada una derivación de cable de aluminio por fuera del sistema de medición, lo que impedía registrar correctamente el consumo.
La energía que habría dejado de facturarse fue calculada en $8.652.868,95, mientras que la deuda acumulada del establecimiento asciende a $33.573.804,01.
En Coveñas, Sucre, la inspección a un inmueble destinado al alquiler de habitaciones, ubicado en la calle 5 #14-167, permitió detectar una presunta conexión directa a un transformador situado aproximadamente a 10 metros de la playa, sin pasar por el sistema de medición correspondiente.
En este caso, Afinia estimó en $7.474.334,92 el valor de la energía dejada de facturar. La deuda acumulada del inmueble con la compañía alcanza los $34.243.290.
Afinia anuncia acciones legales
La compañía advirtió que los casos detectados serán trasladados a las instancias correspondientes para que se adelanten las actuaciones legales y se determinen las posibles responsabilidades.
La manipulación de medidores y la apropiación ilegal de energía pueden configurar el delito de defraudación de fluidos, contemplado en el artículo 256 del Código Penal colombiano, que establece consecuencias penales y económicas para quienes incurran en esta conducta.
Afinia también destacó que las denuncias de las comunidades han sido fundamentales para identificar anomalías y avanzar en los controles.
Por eso, hizo un llamado a los ciudadanos para que reporten conexiones sospechosas y posibles manipulaciones de equipos de medida a través de las líneas 115 y (605) 350 0444.
La empresa anunció que continuará con las inspecciones y jornadas pedagógicas para promover la legalidad, el uso responsable de la energía y la protección de las redes eléctricas.
Un problema que va más allá de las pérdidas económicas: las conexiones ilegales también pueden poner en peligro vidas, afectar la infraestructura y comprometer la calidad del servicio que reciben miles de familias.
