Cuatro meses sin recibir salario: trabajadores de la Clínica de Fracturas de Cartagena denuncian incumplimientos laborales
Paramédicos y operadores de vehículos de emergencia aseguran que les adeudan varios meses de salario.
A raíz de esta situación, la Veeduría en Salud Color Esperanza solicita la intervención urgente del Ministerio del Trabajo, Ministerio de Salud, Supersalud, DADIS y Personería Distrital.
Trabajar, cumplir turnos, atender emergencias y responder por la vida de los pacientes, pero regresar a casa sin recibir el salario que permite sostener a sus familias. Esa es la difícil situación que, según denuncian, están enfrentando trabajadores de la Clínica de Fracturas y Medicina Laboral IPS, en Cartagena, quienes aseguran completar aproximadamente cuatro meses con retrasos en el pago de sus remuneraciones.
La denuncia fue presentada por la Veeduría en Salud Color Esperanza, que encendió las alarmas ante lo que considera una presunta vulneración de los derechos laborales de los empleados de esta institución prestadora de servicios de salud.
De acuerdo con el requerimiento formal presentado por los trabajadores, entre los afectados se encuentran paramédicos y operadores de vehículos de emergencia, quienes manifiestan que tienen pendientes los salarios correspondientes a agosto, septiembre y octubre, además de los días trabajados durante noviembre.
Según el reporte entregado a la organización ciudadana, hasta el momento solamente habrían recibido un abono equivalente a la mitad del salario de agosto.
La situación genera preocupación no solamente por el incumplimiento económico denunciado, sino por las condiciones en las que estas personas estarían desempeñando sus funciones mientras acumulan obligaciones personales y familiares que no pueden aplazarse: alimentación, arriendo, servicios públicos, transporte, educación y manutención de sus hogares.
Trabajadores que atienden emergencias, pero no reciben su salario
Uno de los aspectos más sensibles de esta denuncia es que entre los trabajadores afectados habría personal vinculado a la atención de emergencias y al traslado de pacientes.
Se trata de personas cuya labor exige disponibilidad, responsabilidad y compromiso con la atención de quienes necesitan asistencia médica. Sin embargo, según lo denunciado, ellos mismos estarían enfrentando una situación de incertidumbre económica por la falta de pago de sus salarios.
La Veeduría cuestionó que se mantengan las exigencias de cumplimiento laboral mientras, presuntamente, continúan acumulándose obligaciones salariales sin una solución concreta.
La Veeduría solicita intervención urgente de las autoridades
A raíz de esta situación, la Veeduría en Salud Color Esperanza solicita la intervención inmediata de las autoridades competentes, con el propósito de verificar las denuncias, establecer las responsabilidades a que haya lugar, proteger los derechos laborales de los trabajadores y evitar que esta situación continúe prolongándose sin una respuesta institucional.
La organización hace un llamado al Ministerio del Trabajo para que adelante las verificaciones correspondientes y determine las actuaciones de inspección, vigilancia y control que resulten pertinentes.
También solicita al Ministerio de Salud y Protección Social, a la Superintendencia Nacional de Salud, al Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS) y a la Personería Distrital que, dentro de sus respectivas competencias, evalúen la situación y establezcan si existen posibles afectaciones tanto a los derechos de los trabajadores como a la continuidad y calidad de los servicios de salud.
La organización también puso estos hechos en conocimiento de la Presidencia de la República y solicitó articulación institucional para encontrar una solución.
De igual manera, pidió que se requiera a la Clínica de Fracturas y Medicina Laboral IPS para que explique las razones de los retrasos y presente un cronograma serio, verificable y con fechas concretas para ponerse al día con las obligaciones salariales.
El 20 de noviembre vence el plazo advertido por los trabajadores
De acuerdo con la comunicación presentada, los trabajadores han advertido que, si no reciben una solución antes del próximo 20 de noviembre de 2026, evaluarán las medidas colectivas que legalmente correspondan.
La Veeduría señaló que cualquier decisión relacionada con la continuidad de las actividades laborales debe ajustarse a la ley y tener en cuenta tanto las garantías de los trabajadores como la protección de los pacientes.
Una denuncia que exige respuestas
El salario no es un favor ni una concesión. Es el derecho de quien cumple con su trabajo y una obligación de quien recibe la prestación de ese servicio.
Las dificultades financieras que pueda atravesar una institución o los eventuales retrasos en los pagos de las aseguradoras no pueden trasladarse indefinidamente a los empleados.
La pregunta que hoy queda sobre la mesa es: ¿quién responde por los trabajadores que siguen cumpliendo sus funciones mientras esperan el pago de varios meses de trabajo?
La Veeduría en Salud Color Esperanza exige respuestas inmediatas y una solución que permita restablecer las garantías laborales de los afectados.
Porque detrás de cada salario atrasado hay una familia esperando. Y detrás de cada trabajador de la salud también hay una persona que necesita vivir dignamente.


