Apertura formal de incidente de desacato contra la Alcaldía Mayor de Cartagena y la Administración del Mercado de Bazurto

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El Juzgado V Penal Municipal de Cartagena de Indias, con funciones de conocimiento, ordenó la apertura de un incidente de desacato en contra del Alcalde Mayor de Cartagena, así como de María Patricia Porras Mendoza, Secretaria General del Distrito, y María Emma Flores, Gerente del Plan Integral de Abastecimiento y Administradora del Mercado de Bazurto.

Esta decisión se fundamenta en el incumplimiento del fallo de tutela del 23 de enero de 2023, que ordenaba la reconstrucción del archivo público relacionado con los comerciantes adjudicatarios de los locales del Mercado de Bazurto.

A pesar de haberse iniciado algunas gestiones en 2023, no se ha concluido el proceso de reconstrucción de archivos, vulnerando así el derecho fundamental de petición de los afectados.

El incidente de desacato fue promovido por Ángel Mier Blanquiset, presidente de la Red Nacional de Veduría, El Estado Soy Yo, quien argumenta que la administración distrital no ha cumplido con la sentencia judicial a pesar del tiempo transcurrido.

Decisiones del Juzgado

  1. Requerimiento inmediato al Alcalde Mayor y a las funcionarias mencionadas para que presenten un informe detallado sobre las gestiones adelantadas en cumplimiento de la orden judicial.
  2. Plazo de 48 horas para que la Procuraduría Provincial obligue a los funcionarios a cumplir el fallo y, si persiste el incumplimiento, inicie los procesos disciplinarios correspondientes.
  3. Plazo de 3 días para la práctica de pruebas y la recepción de evidencias sobre el estado de cumplimiento de la reconstrucción del archivo público.

Las implicaciones

Este incidente de desacato refleja una grave falta de diligencia por parte de la administración distrital en la protección de los derechos fundamentales de los comerciantes del Mercado de Bazurto.

La reconstrucción del archivo es crucial para garantizar la transparencia y el acceso a la información pública, así como la seguridad jurídica de los adjudicatarios.

Desde la Red Nacional de Veeduría, El Estado Soy Yo, y las organizaciones de comerciantes, se hace un llamado a la Alcaldía Mayor de Cartagena para que cumpla de manera inmediata con la orden judicial y garantice los derechos de los afectados.