Consejo Comunitario de Tierra Baja exige Asamblea por vencimiento de licencia del emisario submarino
El Consejo Comunitario de Comunidades Negras de la vereda de Tierra Baja solicitó de manera urgente la realización de una Asamblea Comunitaria ante el próximo vencimiento de la licencia ambiental del emisario submarino operado por Aguas de Cartagena, infraestructura que atraviesa su territorio ancestral.
La comunidad denunció que este emisario ha generado afectaciones históricas, permanentes y graves en su territorio colectivo —el cual es inalienable, imprescriptible e inembargable— sin que hasta ahora se hayan garantizado plenamente sus derechos como comunidad étnica.
La solicitud se da tras la radicación de derechos de petición ante Aguas de Cartagena, Cardique, la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, la Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos y la Alcaldía Mayor de Cartagena, en los que expresan su preocupación por el presente y futuro de la infraestructura, cuya licencia ambiental está próxima a caducar.
Los líderes comunitarios recordaron lo ocurrido en la madrugada del 20 de diciembre de 2024, cuando se registró la ruptura de la tubería terrestre del emisario, lo que provocó inundaciones con aguas residuales en calles y viviendas de Tierra Baja, además de filtraciones en las redes de agua potable que se extendieron hasta enero de 2025.
Ante este panorama, la comunidad propuso realizar la Asamblea Comunitaria el próximo 16 de enero de 2026, a las 5:00 de la tarde, en el Salón Comunal de Tierra Baja, e invitó formalmente a Aguas de Cartagena, Cardique, la Procuraduría y la Alcaldía de Cartagena.
También exigen la presencia de delegados del Espacio Nacional de Consulta Previa, instancias nacionales de representación étnica y de los consejos comunitarios de La Boquilla y Puerto Rey, comunidades que también resultaron afectadas por la emergencia.
Lo que exige la comunidad
El Consejo Comunitario pidió a Aguas de Cartagena que rinda un informe público y detallado sobre:
La ruptura del emisario.
Las causas, impactos y responsabilidades.
Las medidas de reparación adoptadas y las que están pendientes.
La compensación real a las familias afectadas.
A Cardique le solicitan explicar el estado actual de la licencia ambiental, su fecha de vencimiento, condiciones y posibles renovaciones. Y a los organismos de control y a la Alcaldía, que informen qué actuaciones han adelantado frente a esta situación.
La representante legal del Consejo Comunitario, Ana Rosa Güizamano Canoles, aseguró que la empresa operadora está obligada legalmente a prevenir daños ambientales, contar con planes de contingencia, mitigar y reparar los impactos y compensar efectivamente a las comunidades afectadas.
“Estas garantías no son opcionales, son mandatos legales y constitucionales derivados del derecho a un ambiente sano y del respeto por los territorios colectivos de las comunidades negras”, afirmó.
La líder social agregó que la ruptura del emisario ocasionó graves afectaciones ambientales, sociales, económicas y de salubridad pública, impactando directamente a numerosas familias que vieron vulneradas sus condiciones de vida, sus viviendas, sus actividades económicas y su salud.
Finalmente, denunciaron que, pese a la gravedad de los hechos, no existe hasta hoy un informe técnico, público y detallado que explique qué ocurrió realmente, ni un plan de contingencia conocido para atender futuras emergencias, y que las compensaciones —si las hubo— no han sido suficientes ni visibles para la mayoría de las familias afectadas.
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