Corte Constitucional ordena consulta previa a comunidad indígena Zenú por megaproyecto aeroportuario en Cartagena

En un fallo histórico, la Corte Constitucional de Colombia revocó las decisiones previas del Tribunal Superior de Cartagena y del Juzgado 002 Penal del Circuito Especializado, ordenando proteger los derechos fundamentales del Cabildo Indígena Menor Zenú de Bayunca Caizeba frente al megaproyecto “Ciudadela Aeroportuaria Cartagena de Indias – IP CACI”.

La Corte concluyó que la comunidad indígena no fue debidamente consultada antes de autorizarse el desarrollo del proyecto, vulnerando sus derechos a la consulta previa, a la participación y al debido proceso. Por ello, ordenó a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Odinsa Aeropuertos S.A.S. y Conecta Caribe S.A.S. convocar, en un plazo de 15 días, una reunión de socialización con enfoque étnico, en la que los miembros del cabildo puedan conocer y debatir los alcances y posibles impactos del proyecto.

Adicionalmente, la Subdirección Técnica de Consulta Previa deberá realizar una visita de verificación en el territorio indígena en los próximos 30 días, evaluando riesgos sociales, ambientales y económicos, considerando además situaciones como el desplazamiento forzado, la expansión urbana y la falta de tierras colectivas que afectan a la comunidad. La información entregada por las empresas sobre impactos ambientales será clave en ese análisis.

Tras la visita, la autoridad competente deberá emitir una nueva resolución administrativa determinando si procede o no la consulta previa para continuar el proyecto. La Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación deberán acompañar y asesorar a la comunidad indígena durante todo el proceso, garantizando el cumplimiento efectivo de las órdenes judiciales.

Por último, la Corte desvinculó del trámite a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y a la Secretaría del Interior de Cartagena, al no encontrarles responsabilidad directa en la vulneración de derechos.

Este fallo resalta la obligación del Estado y las empresas de respetar los derechos de las comunidades étnicas frente a megaproyectos de infraestructura.