Director de Iderbol deja el cargo por millonario detrimento fiscal

Sin anuncios oficiales ni rueda de prensa, Ariel Enrique Zambrano Meza dejó la dirección del Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Bolívar (Iderbol), tras confirmarse una sanción fiscal en su contra emitida por la Contraloría General de la República.

Zambrano fue hallado responsable de presuntas irregularidades durante su paso por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), donde se desempeñó como subdirector para el Manejo de Desastres. Según el fallo, aprobó contratos con sobrecostos y entregas por debajo de lo pactado durante la emergencia sanitaria por Covid-19, lo que habría ocasionado un detrimento patrimonial cercano a los mil millones de pesos.

La Gobernación reaccionó tras la publicación del fallo

La noticia de su salida se conoció este miércoles 29 de julio, luego de que la Gobernación de Bolívar —liderada por Yamil Arana— confirmara a un medio local que se enteraron del fallo a través de los medios de comunicación. Posteriormente, constataron su existencia en la plataforma oficial de la Contraloría.

Zambrano se encontraba oficialmente de vacaciones hasta el 4 de agosto y hasta el momento no ha emitido declaraciones públicas sobre su situación jurídica ni sobre su salida de la administración departamental.

Funcionario cercano al poder político en Bolívar

Ariel Zambrano llegó a Iderbol en 2022, durante la administración de Vicente Blel, y es considerado una figura cercana tanto al actual gobierno departamental como al senador Lidio García Turbay, presidente del Senado y líder influyente del poder político en Bolívar.

La sanción que hoy lo saca del cargo se suma a una serie de escándalos que han salpicado a la UNGRD, entidad ampliamente cuestionada en los últimos meses por su gestión presupuestal en tiempos de emergencia.

Silencio oficial y cuestionamientos éticos

Pese a la gravedad del caso, su salida fue manejada con bajo perfil.

Mientras se espera un pronunciamiento oficial del implicado, este nuevo capítulo profundiza los cuestionamientos sobre el manejo de recursos públicos durante la pandemia.