El desgobierno también es una forma de corrupción

El desgobierno, el desgreño administrativo y la falta de ejecución de las políticas públicas son unas de las peores formas de corrupción conocidas.
Lo son porque sus efectos sobre el desarrollo urbano y social de una ciudad son exactamente los mismos que los causados por quienes se roban, despilfarran o causan detrimento a los bienes y servicios del Estado.
Los unos, con su actuar doloso, privan a los ciudadanos de sus bienes y servicios; y los otros, omitiendo sus funciones, hacen exactamente lo mismo.
En ambos casos se ofenden los principios de la función pública, tutelados por el Artículo 209 de nuestra Carta Magna.
Estas dos categorías de servidores públicos son nefastos para los intereses ciudadanos y el desarrollo social y económico de cualquier país, departamento o ciudad.
Desafortunadamente, en Colombia estas dos categorías de servidores públicos se han entronizado en todas las modalidades de elección popular en ciclos que podríamos denominar de política y antipolítica.
A todo ello habría que agregar un viejo aforismo que les cabe como anillo al dedo a muchos funcionarios: «el peor acto de corrupción de un funcionario público es aceptar un cargo para el cual no se tienen las competencias necesarias«.
Cuando estamos gobernados por funcionarios que se apropian de lo público o que descalabran el erario con malas decisiones gubernamentales recurrimos al voto castigo, a la antipolítica, y tiramos una moneda al aire y elegimos a un outsider que casi siempre resulta un fiasco.  
Por lo general, esta clase de elegidos son demasiado inexpertos, omisivos en sus funciones y, más que todo, timoratos, hasta el grado de convertirse en maniacos recolectores, que guardan, obsesivamente, los recursos del Estado, con la falsa creencia de que el servidor público que no se los gasta es el más honesto, tal como desafortunadamente nos ha sucedido con el actual alcalde.
La ciudad ha llegado a su punto de inflexión. Es ahora o nunca, como bien lo hemos expresado desde esta tribuna. Cartagena tiene ya identificados los principales problemas que le impiden avanzar hacia su desarrollo económico, equidad social y ambiental, y muchos de ellos cuentan -incluso – con sus correspondientes recursos y el marco normativo debidamente aprobado por el Congreso de la Republica.
Ahora lo que nos corresponde es elegir como alcalde a una persona con la suficiente experiencia, personalidad y relaciones públicas que le permita unir a todos los sectores de la ciudad, para conformar un equipo de trabajo que involucre, incluso, a los sectores empresariales locales y regionales, con quienes, en completa armonía, podría comenzarse a cerrar la brecha social que nos separa y nos hace más indolentes cada día, una apatía que ha sido la causa de los aumentos en los índices de pobreza, inseguridad, drogadicción y prostitución, especialmente, la adolescente.
No debemos tener miedos a la hora de elegir, ni podemos dejar de seguirnos por los odios de quien no ha sabido gobernar la ciudad y ha sido incompetente para administrarla, y que solo ha beneficiado al sector bancario que ha disfrutado de los recursos del Distrito, a costa de las necesidades y el hambre de millares de cartageneros y cartageneras.   
La corrupción no se combate al elegir un funcionario. La corrupción se controla es con la vigilancia ciudadana y la exigencia de la transparencia en el manejo de lo público. Si todos, desde cualquier lugar y papel que nos toque jugar en la sociedad, nos convertimos en veedores de lo público, evitamos el saqueo de la ciudad, por muy bandido, o ángel vuelto diablo, que nos resulte el que elijamos.
Cuando en el sector privado a una Junta Directiva le corresponde elegir a un gerente general para que administre una cadena de supermercados, por ejemplo, no se le exige al candidato que acabe con el robo de los usuarios, porque conocen de sobra que es imposible que cualquier persona no se coma un pan o un dulce antes de llegar a la caja. Solo se le exige que muestre su plan para reducir el porcentaje de robo que, tradicionalmente, la cadena de almacenes trae en su estado de pérdidas y ganancias – P y G.
La corrupción política y administrativa hay que mirarla sin fundamentalismos y no puede ser la única variable a analizar para votar bien.
La lucha contra la corrupción, al igual que la conquista de la justicia, es un ideal que debe guiar todos nuestros pasos, pero no puede convertirse en una atadura para que elijamos bien cuando el deber de todos, justamente, es vigilar el correcto uso del erario.