Incertidumbre y malestar en contratistas de la UNP: trabajadores denuncian retrasos en salarios y liquidaciones

Crece la preocupación entre los trabajadores vinculados a la Unión Temporal Proteger 23-26 tras el anuncio de retrasos en el pago de salarios y liquidaciones, situación que, según la empresa, depende de un desembolso pendiente por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Mediante circular interna, la Unión Temporal informó que la liquidación de salarios y prestaciones sociales está sujeta al pago que debía realizar la UNP por los servicios prestados entre el 1 y el 20 de diciembre de 2025. No obstante, la entidad notificó que la factura no pudo ser obligada en febrero con cargo a la reserva presupuestal 2025.

De acuerdo con el comunicado, el trámite será gestionado en marzo de 2026, condicionado a la liberación de dicha reserva por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La empresa aseguró que, una vez se haga efectivo el desembolso, procederá a cancelar tanto las liquidaciones pendientes como el salario correspondiente al mes de enero.

Denuncian presión laboral sin pago previo
La situación ha generado inconformidad entre los trabajadores, quienes aseguran que ahora pertenecen a otras empresas operadoras del esquema, pero se les está exigiendo cumplir funciones sin haber recibido el pago de la compañía anterior.

“Debieron pagar el 5 de febrero. Ahora dicen que van a cancelar salario de enero y liquidación juntos, en un solo pago, y sin corrección monetaria”, manifestó uno de los afectados.

Los colaboradores advierten que el retraso impacta directamente su estabilidad económica, especialmente tratándose de obligaciones laborales ya causadas. También cuestionan que los trámites presupuestales entre entidades estatales terminen trasladando la carga financiera a los trabajadores.

Preocupación por tiempos presupuestales
El caso vuelve a poner en debate los tiempos de los procesos administrativos y presupuestales en contratos estatales, particularmente en sectores sensibles como el de protección, donde el personal presta servicios de manera continua y bajo alta exigencia operativa.

Mientras se concreta la liberación de recursos, decenas de familias permanecen a la expectativa de una solución que garantice el pago oportuno de sus derechos laborales.