LAS NOTICIAS CARTAGENA

Por Agustín Leal Jerez

Cuando ni siquiera el cuerpo de policía está seguro en una ciudad, es evidente que la autoridad y el control del territorio urbano se han perdido. Los recientes asesinatos y atentados contra miembros de la fuerza pública desnudan la gravedad de la crisis de inseguridad que afrontamos.

A ello se suma la misteriosa desaparición de la joven médica Tatiana Hernández, ocurrida a plena luz del día, sin que las tan anunciadas cámaras y drones de seguridad lograran siquiera registrar el hecho.

Desde agosto de 2024 -el mes más violento en la historia reciente de Cartagena – advertimos en la columna ‘¿Fracasa el Plan Titán 24 en el control de la seguridad en Cartagena?‘ las graves deficiencias de una estrategia concebida más como un ‘plan torniquete’ que como una verdadera política pública de seguridad y convivencia ciudadana. Apenas ocho meses después de su pomposa implementación, el Plan Titán 24 hace agua.

El eficaz manejo de la imagen política del alcalde en redes sociales y medios de comunicación, sumado al llamado «urbanismo cosmético» con el que maquilla la ciudad, impide ver -tras la manigua digital favorable al mandatario – las fallas estructurales y la falta de transparencia que afectan muchas de sus políticas públicas. Los más de $80 mil millones invertidos en seguridad han sido en vano: ni las nuevas cámaras ni los drones de vigilancia funcionan correctamente, y nadie exige rendición de cuentas en esta materia.
La seguridad en Cartagena se deteriora cada día más, mientras la respuesta de la Administración Distrital es tan simplista como errática. No contamos con un observatorio científico e independiente de violencia que devele las raíces del fenómeno y proporcione cifras confiables, dada la permanente contradicción entre los registros de prensa, la Policía Nacional, Medicina Legal y la propia Alcaldía. Lo advertimos también en la columna ‘¿Colapsó la política de seguridad ciudadana en Cartagena?‘.

Propusimos entonces reactivar el Centro de Observación y Seguimiento del Delito -Cosed, que podría funcionar como un faro objetivo para evaluar la criminalidad en la ciudad. Sin embargo, su exdirector, Fredi Goyeneche González, con sobradas razones ante la falta de apoyo estatal y privado, declaró -al mejor estilo de la juglería vallenata – que «no cambiaría su chinchorro ni el disfrute de sus nietos por la silla del gobernador».

La situación actual, en la que ni siquiera las autoridades están a salvo, representa quizá la mayor catástrofe que haya sufrido Cartagena en su historia reciente, y pone en grave riesgo su reputación como uno de los principales destinos turísticos del mundo.

Mientras tanto, una Administración que derrocha ríos de dinero en luces navideñas y campañas de promoción turística actúa como si los problemas de seguridad fueran una responsabilidad exclusiva del Gobierno Nacional.

El alcalde Dumek Turbay Paz, en lugar de asumir su cuota de responsabilidad, prefiere confrontar abiertamente al presidente Gustavo Petro Urrego para ganarse los aplausos de sectores contestatarios -en especial del empresariado local, del cual ya hace parte – olvidando que la solución a los problemas estructurales de la ciudad, particularmente en materia de seguridad, solo es posible mediante un trabajo articulado con el Gobierno Central.

Esta actitud soberbia tiene su origen, en parte, en la herencia dejada por el anterior alcalde, William Dau, quien dejó un billón de pesos en los bancos y los concejales que, de manera irresponsable, aprobaron créditos por $1,5 billones sin una capacidad real de endeudamiento, recursos para ser dilapidados en gastos secundarios.

La animadversión política hacia el presidente ha llevado al alcalde incluso a despreciar la oferta pública que el mandatario nacional realizó en 2024: una propuesta para abordar de manera conjunta problemas estructurales como la adaptación al cambio climático, el sistema de drenajes pluviales y la reubicación de asentamientos humanos en riesgo —tema sobre el cual profundizaremos el próximo domingo—.

En esta tribuna hemos sido críticos de Gustavo Petro y de su forma de gobernar. Pero criticar no significa endilgarle, de manera cómoda, todos nuestros males locales. Sabemos -y no nos cansamos de señalarlo – que Cartagena ha sido y sigue siendo víctima de una irresponsable planeación del gasto público, dilapidado para satisfacer clientelas políticas e intereses particulares, mientras los problemas estructurales de la ciudad son sistemáticamente postergados, y la brecha de desigualdad crece cada día.

Despreciamos, pues, la oportunidad que brindó el Gobierno Nacional para resolver uno de nuestros grandes desafíos, y preferimos gastar los recursos acumulados y los del crédito de $1,5 billones en mobiliario urbano, en lugar de combatir la pobreza y la desigualdad, que costarían $2,2 billones según las cifras actualizadas de los estudios sobre el tema hechos por el Banco de la República.

La violencia en Cartagena, aunque compleja, está focalizada en apenas cuatro barrios de la ciudad. Y, sospechosamente, son estos mismos sectores los que presentan los mayores índices de necesidades básicas insatisfechas y pobreza monetaria.

En nuestra columna ‘¿Qué hacer con el barrio Olaya Herrera y los demás focos de violencia?‘ demostramos esta correlación entre pobreza extrema y violencia urbana.

Esta evidencia debería obligarnos a buscar una estrategia distinta del Plan Titán 24. No se trata de más pie de fuerza policial, de cámaras ni de maquillaje: se trata de construir, junto al Gobierno Nacional, mesas de trabajo en las zonas afectadas para abordar el conflicto desde una perspectiva social y estructural, dentro del marco, nos guste o no, de la Paz Total.

La tarea, señor alcalde, no es hacer de bodeguero de los contestatarios de Petro, sino sentarse a trabajar de manera seria y conjunta con el Gobierno Nacional. Para eso fue elegido, tanto usted como los demás mandatarios locales.