Mercaderes de la muerte: 11,7 millones de colombianos en manos de la negligencia y el silencio

Por Andrés Ochoa / Veeduría en Salud Color Esperanza

En Colombia, enfermarse se ha convertido en una sentencia de incertidumbre. Para 11,7 millones de usuarios afiliados a la Nueva EPS, pedir una cita médica, reclamar un medicamento o esperar un procedimiento puede significar entrar en una carrera contra el tiempo donde, con demasiada frecuencia, el reloj termina ganando.

La Veeduría en Salud Color Esperanza llevó esta realidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con una denuncia que no solo sacude al sistema de salud, sino que interpela directamente al Estado colombiano. Lo que allí se describe no es una cadena de fallas administrativas aisladas, sino —según la veeduría— una situación que estaría derivando en muertes evitables por barreras extremas de acceso a la atención médica.

La expresión utilizada en el documento es dura, incómoda y provocadora: “mercaderes de la muerte”. Pero detrás de esa frase no hay literatura incendiaria, sino el grito desesperado de pacientes que esperan durante meses autorizaciones, de adultos mayores que peregrinan por ventanillas, de padres que suplican por medicamentos para sus hijos y de familias que, al final, solo reciben el silencio como respuesta.

La denuncia se sustenta en principios elementales: el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la propia Constitución Política de Colombia, que reconocen el derecho a la vida y la obligación del Estado de protegerlo.

Porque cuando un paciente no recibe su tratamiento a tiempo, el problema deja de ser administrativo y se convierte en un asunto de derechos humanos.

Aquí no solo está en cuestión el funcionamiento de una EPS. También está bajo la lupa la respuesta —o la ausencia de ella— por parte del Gobierno nacional, gobernadores y alcaldes.

El silencio institucional frente a una crisis de esta magnitud termina siendo interpretado como una forma de complicidad por omisión. No hacer nada, cuando millones están en riesgo, también es una decisión.

Lo más preocupante es que esta no es una discusión nueva. Las quejas por demoras, trabas y negativas en la atención vienen acumulándose desde hace años. Lo nuevo es que ahora el tema ha escalado a un escenario internacional, donde la pregunta ya no es solo por la eficiencia del sistema, sino por la garantía real del derecho a la vida.

Que una veeduría ciudadana tenga que acudir a la CIDH para buscar respuestas debería avergonzar a cualquier institucionalidad. Significa que los canales internos fallaron. Que las denuncias locales no fueron escuchadas. Que las historias de dolor quedaron atrapadas en trámites y radicados.

Esta no es una columna contra una entidad en particular. Es una reflexión sobre un modelo que parece haber perdido de vista su razón de ser: salvar vidas. Cuando la salud se administra con lógica financiera y no humana, el resultado es este: pacientes convertidos en números y trámites convertidos en barreras.

La pregunta de fondo es incómoda pero necesaria: ¿cuántas muertes más se necesitan para que esta crisis deje de ser estadística y se convierta en prioridad nacional?
Porque mientras se discuten reformas, competencias y responsabilidades, hay colombianos que no pueden esperar. Para ellos, el tiempo no es un debate político. Es, literalmente, vida o muerte.