Murió abogado cartagenero por presunta negligencia médica: clínica no tenía el medicamento para salvarlo
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Consternación y rechazo generó en Cartagena el fallecimiento del abogado Ralfin Reales Oliveros, quien se desempeñaba en el área penal como Defensor Público. Su muerte ocurrió en la noche del 18 de octubre, y estaría relacionada con una presunta negligencia médica por la falta de un medicamento esencial en la Clínica Cartagena del Mar.
De acuerdo con versiones de allegados, el jurista habría consumido un cóctel de ostras pese a ser alérgico a los camarones. Minutos después comenzó a sentirse mal y le manifestó a su esposa los síntomas. Eran cerca de las 10 de la noche cuando decidió dirigirse de inmediato al centro asistencial en busca de atención médica urgente.
Sin embargo, testigos aseguran que el abogado duró más de 30 minutos esperando atención, tiempo durante el cual su estado de salud se agravó. Solo después de que el paciente se desmayó, los médicos iniciaron el proceso de atención. Cristóbulo Noriega, también abogado, estuvo en la clínica acompañando a su amigo y exigió su atención inmediata.
La situación se tornó crítica cuando el médico de turno informó que el medicamento necesario para contrarrestar la pregunta reacción alérgica no se encontraba disponible en la clínica. A pesar de los esfuerzos del personal, Ralfin Reales fue declarado fallecido hacia las 11 de la noche.
No se entiende por qué el centro asistencial no disponía del medicamento requerido, ni qué acciones se emprendieron para conseguirlo de manera urgente y salvar la vida del ciudadano. Tampoco hay claridad sobre por qué debió transcurrir más de media hora antes de recibir atención, pese a que presentaba signos evidentes de una pregunta reacción alérgica severa.
Ante esta situación, la Veeduría en Salud Color Esperanza y Noticias Cartagena hacen un llamado urgente a las autoridades competentes —DADIS, Supersalud y el Ministerio de Salud— para que se inicie una investigación exhaustiva que permita esclarecer las circunstancias del caso, determinar posibles omisiones o fallas en la atención médica y establecer las sanciones correspondientes.
El hecho ha generado indignación entre familiares, colegas y la comunidad jurídica de Cartagena, quienes lamentan la pérdida de un profesional recordado por su ética, compromiso y vocación de servicio en la defensa pública.
Desde la Veeduría y el medio se advierte que no puede permitirse que este tipo de hechos se conviertan en simples estadísticas, recordando que las instituciones prestadoras de salud (IPS) están obligadas a garantizar una atención oportuna y adecuada a los usuarios de las EPS contratadas, en cumplimiento de la Resolución 3100 de 2019.
A este lamentable caso se suma la Veeduría a la Rama Judicial Vejuca que también anunció que presentará una solicitud formal ante las autoridades competentes para que se inicien las investigaciones correspondientes sobre este caso, con el propósito de establecer posibles responsabilidades y garantizar que se aclare plenamente lo ocurrido.
Exigimos que se esclarezca lo ocurrido y se tomen las medidas correspondientes.




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