Denuncian presuntas trabas de funcionaria de Mutual Ser que pondrían en riesgo atención médica de un niño en el sur de Bolívar

Una grave denuncia pública fue presentada por la Veeduría en Salud Color Esperanza y el medio Las Noticias Cartagena, quienes alertaron sobre una presunta vulneración del derecho fundamental a la salud de un menor de siete años residente en el municipio de Simití, sur de Bolívar.

Según la denuncia, el niño cuenta con una acción de tutela vigente que ordena garantizar su atención médica especializada en Cartagena.

Sin embargo, sus familiares aseguran que una funcionaria encargada de la gestión de usuarios de la EPS Mutual Ser en Simití habría informado que no se autorizarían los viáticos requeridos para su desplazamiento a una cita médica programada para este 25 de mayo.

De acuerdo con la versión entregada por la familia, la negativa estaría relacionada con el cambio de identificación del menor, quien pasó de tener registro civil a encontrarse en trámite de expedición de la tarjeta de identidad.

La funcionaria habría manifestado que la contraseña o comprobante expedido por la Registraduría no tendría validez para adelantar el proceso, por lo que el menor tendría que esperar varios meses hasta recibir el documento físico definitivo.

La situación generó preocupación entre los familiares, quienes advierten que la medida podría interrumpir el seguimiento médico ordenado judicialmente y afectar el estado de salud del menor.

Frente a estos hechos, la Veeduría consultó a funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil, quienes precisaron que la contraseña de documento en trámite sí constituye un mecanismo válido de identificación temporal y debe ser aceptada por entidades públicas y privadas mientras se entrega el documento definitivo.

“Un menor puede desplazarse con su madre portando el registro civil y la contraseña expedida por la Registraduría, sin que exista impedimento para su identificación”, señalaron desde la entidad.

La Veeduría en Salud Color Esperanza cuestionó que, de confirmarse los hechos, se estaría desconociendo la normatividad vigente y creando barreras administrativas que afectarían el acceso oportuno a los servicios de salud, especialmente tratándose de un menor de edad protegido por una orden judicial.

Además, la organización hizo un llamado urgente a la gerencia nacional de Mutual Ser para que revise la actuación de sus funcionarios en el territorio y garantice el cumplimiento de las decisiones judiciales relacionadas con los usuarios del sistema de salud.

De igual forma, solicitó a la Secretaría de Salud de Simití investigar las reiteradas quejas ciudadanas contra la misma funcionaria, quien, según varios usuarios, estaría involucrada en presuntas demoras o negativas relacionadas con viáticos de transporte, alojamiento, alimentación, asignación de citas médicas y autorizaciones de procedimientos diagnósticos.

“Nos preguntamos a qué se está jugando con los usuarios del municipio de Simití y del sur de Bolívar. También surge la inquietud de si estas actuaciones obedecen a decisiones individuales o a directrices superiores que estarían generando barreras en la atención”, expresó la Veeduría.

Finalmente, las organizaciones reiteraron que la denuncia busca visibilizar las dificultades que enfrentan numerosos usuarios de la región para acceder a servicios de salud especializados y exigieron que se garantice de manera inmediata el derecho a la atención médica del menor afectado.