¿Cuánto vale la vida de un habitante de calle en Cartagena?

Andrés Ochoa López
Columna de denuncia – Veeduría en Salud Color Esperanza

Cartagena mantiene una deuda histórica con sus habitantes de calle. No se trata de un asunto menor ni de un problema secundario: es una falla institucional y humana frente a una población que la Constitución Política, la Ley 1641 de 2013 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional reconocen como sujeto de especial protección.

La ley no deja margen para interpretaciones. El Estado, a través de la Alcaldía de Cartagena y de las entidades competentes, está obligado a garantizar el acceso efectivo a la salud, la atención integral, la alimentación, la rehabilitación, la identificación, la inclusión social y la protección de los derechos fundamentales de esta población.

No es un favor.
No es un acto de buena voluntad.
No es una decisión opcional.
Es una obligación constitucional y legal.

Sin embargo, las denuncias provenientes de distintos sectores de la ciudad reflejan un panorama preocupante.

Habitantes de calle que permanecen durante horas esperando atención médica, personas en evidente estado de vulnerabilidad que no reciben respuesta oportuna y barreras que, según los reportes ciudadanos, terminan convirtiendo el derecho a la salud en una promesa incumplida.

Si esto está ocurriendo, Cartagena no puede guardar silencio. La administración distrital debe explicar qué está pasando, por qué ocurre y cuáles son las medidas concretas que está implementando para corregir esta situación.

La pregunta es inevitable:
¿Acaso un habitante de calle vale menos que cualquier otro ciudadano?
¿Pierde su derecho a la vida por dormir en un andén?
¿La pobreza le quita dignidad a un ser humano?
La respuesta jurídica, constitucional y ética es contundente: no.

Ninguna persona deja de ser sujeto de derechos por su condición social, su apariencia, su historia de vida o el lugar donde duerme. La dignidad humana no depende del estrato, del abandono ni de la indiferencia institucional.

Desde la Veeduría en Salud Color Esperanza expresamos nuestra preocupación por la brecha que, según múltiples denuncias ciudadanas, existe entre lo que ordena la Constitución y la realidad que enfrentan muchos habitantes de calle en Cartagena. Esa distancia no puede seguir normalizándose.

Por ello exigimos respuestas públicas, claras y verificables.
¿Cuál es la política pública que actualmente ejecuta la Alcaldía de Cartagena para esta población?
¿Qué papel cumple la Secretaría de Participación y Desarrollo Social?
¿Cómo responde la ESE Cartagena de Indias cuando un habitante de calle requiere atención médica?
¿Qué protocolos existen para garantizar su atención, traslado y protección de la vida?
¿Dónde están los recursos destinados a esta población?
¿Cuántos habitantes de calle han sido atendidos, rehabilitados o reintegrados?
¿Cuáles son los resultados concretos de esos programas?

Estas preguntas no son caprichosas. Son interrogantes legítimos que deben ser respondidos por la administración distrital, las entidades prestadoras de salud y los organismos de control encargados de vigilar el cumplimiento de la ley.

También resulta indispensable conocer la posición del alcalde de Cartagena frente a esta problemática.

La ciudadanía tiene derecho a saber cómo su administración está cumpliendo la Constitución y la Ley 1641 de 2013, y qué acciones concretas ha adoptado para evitar que la exclusión social continúe poniendo vidas en riesgo.

Esta denuncia no busca confrontación política ni pretende descalificar a ninguna institución. Su propósito es visibilizar una realidad que Cartagena conoce, pero que no puede seguir ignorando.

Mientras se multiplican los discursos sobre derechos humanos, muchas personas continúan esperando una ambulancia, una cama hospitalaria, una remisión o una respuesta que nunca llega.

Cuando el Estado tarda, falla o simplemente se ausenta, el derecho a la salud deja de ser un derecho para convertirse en una condena.

Igualmente, debe investigarse la situación de pacientes en condición de vulnerabilidad que ingresan a hospitales públicos y cuyos familiares denuncian demoras, obstáculos o falta de atención oportuna.

El derecho a la salud no admite discriminación, especialmente cuando la vida está en riesgo.

Desde la Veeduría en Salud Color Esperanza hacemos un llamado urgente al alcalde de Cartagena, a la Secretaría de Participación y Desarrollo Social, a la ESE Cartagena de Indias, a las instituciones prestadoras de servicios de salud, a la Policía Nacional, a la Procuraduría General de la Nación, a la Contraloría General de la República, a la Defensoría del Pueblo, a la Personería Distrital, al Ministerio de Salud y Protección Social y a la Superintendencia Nacional de Salud para que actúen de manera inmediata.

Solicitamos que verifiquen el cumplimiento de las obligaciones constitucionales frente a la población habitante de calle, revisen la ejecución de los recursos públicos, investiguen las posibles fallas en la atención y adopten medidas urgentes que impidan que una persona sea privada de atención por su condición social.

El llamado también es para toda la sociedad cartagenera.
Dejemos de estigmatizar.
Dejemos de señalar.
Dejemos de mirar hacia otro lado.

Detrás de cada habitante de calle existe una historia de abandono, enfermedad, violencia, pobreza o adicción. Pero, por encima de cualquier circunstancia, hay un ser humano.

No son basura.
No son un problema que deba esconderse.
No son ciudadanos de segunda categoría.
Son colombianos protegidos por la Constitución.
Son personas con derechos.
Y su vida vale exactamente lo mismo que la de cualquier otro ciudadano.

Cartagena no puede seguir normalizando la indiferencia. No puede aceptar que un ser humano espere ayuda mientras las instituciones se reparten responsabilidades o se escudan en trámites y competencias.

El verdadero desarrollo de una ciudad no se mide por sus edificios, sus murallas o las cifras del turismo.

Se mide por la forma en que protege a quienes más la necesitan.
La Constitución ya habló.
La Corte Constitucional ya habló.
La ley también habló.

Ahora le corresponde a la Alcaldía de Cartagena responder con hechos y no con discursos.
Y a los organismos de control les corresponde actuar con la celeridad que exige la defensa de la vida y la dignidad humana.

Porque cuando un Estado abandona a los más vulnerables, no solo incumple la ley: también pierde su humanidad.