Por: Juan Martín Sánchez Gómez

Hay líneas que una sociedad no debería cruzar. Una de ellas es convertir a una menor de edad en instrumento de confrontación política, ponerla frente a una cámara y utilizar su voz para pronunciar expresiones obscenas contra el presidente de la República.

La pregunta no es si el presidente merece críticas. En democracia, los mandatarios están expuestos al escrutinio público, a la oposición, a la protesta y a las preguntas incómodas. Ningún gobernante está por encima de la ciudadanía ni tiene derecho a exigir silencio frente a sus decisiones.

Pero una cosa es ejercer la crítica política y otra, muy distinta, es normalizar el insulto vulgar y presentar la utilización de una menor como si fuera una demostración de valentía, rebeldía o libertad de expresión.

¿Dónde están los adultos que deberían proteger a esa niña?

¿Quién le explica que la política no consiste en destruir al adversario con palabras obscenas? ¿Quién le enseña que es posible disentir sin humillar, reclamar sin degradar y defender una posición sin renunciar al respeto?

La responsabilidad no puede recaer únicamente sobre la menor. Son los adultos quienes tienen el deber de orientar, educar y proteger. Cuando una niña aparece en medio de una confrontación política de esta naturaleza, la sociedad tiene que preguntarse qué papel están desempeñando quienes la rodean y qué mensaje se le está transmitiendo.

La infancia no debería convertirse en escudo, espectáculo ni herramienta para ganar aplausos en una disputa ideológica.

Y que nadie confunda esta posición con una defensa del presidente de turno. El principio debe ser el mismo, independientemente de quién ocupe la Casa de Nariño, de su partido político o de las simpatías que despierte. Si mañana un adulto utiliza a un menor para insultar obscenamente a un dirigente de la oposición, la preocupación debe ser exactamente la misma.

La coherencia democrática se demuestra cuando defendemos los principios incluso frente a quienes piensan diferente.

La libertad de expresión no es una licencia para renunciar a la responsabilidad. Criticar al presidente es legítimo. Cuestionar sus políticas es necesario. Denunciar sus errores es parte de la democracia. Pero convertir la grosería en argumento y a una menor en protagonista involuntaria de una batalla política plantea un problema que va mucho más allá de la figura presidencial.

Colombia necesita ciudadanos capaces de debatir con firmeza, no una competencia por ver quién insulta más fuerte. Necesita adultos que eduquen con el ejemplo, no que confundan la formación de una conciencia crítica con la repetición de agravios.

Una niña tiene derecho a expresar lo que piensa, a formarse sus propias opiniones y a participar en la vida pública de acuerdo con su edad y madurez. Precisamente por eso, los adultos deben evitar instrumentalizarla y exponerla innecesariamente al escarnio público.

No se trata de silenciar a una menor. Se trata de preguntarnos qué clase de ejemplo le estamos dando y qué sociedad estamos construyendo cuando la vulgaridad se convierte en espectáculo y la confrontación política parece justificarlo todo.

Porque un país no se degrada únicamente cuando sus dirigentes cometen errores. También se deteriora cuando sus ciudadanos dejan de distinguir entre la crítica y la ofensa, entre la rebeldía y la manipulación, entre la libertad y la irresponsabilidad.

Al presidente se le puede cuestionar con dureza. A los gobernantes se les puede exigir cuentas sin contemplaciones. Pero la niñez merece protección, no utilización política.

Esa debería ser una línea roja para todos, sin importar el partido, la ideología o el nombre del mandatario.

La verdadera valentía no consiste en poner a una menor a insultar. Consiste en enseñarle a pensar, argumentar y defender sus ideas sin que nadie tenga que utilizar su voz para librar las batallas de los adultos.