Irresponsabilidad ciudadana
Por Bernardo Romero Parra
En Colombia, después de la aprobación de la Ley 11 de 1986 y de los procesos de formación realizados por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) en las comunidades, a través de programas como Capacitación Integral para las Comunidades Urbanas (CIPACU) y Capacitación para las Comunidades Campesinas (CAPACA), se originó un proceso de participación ciudadana en el que los líderes sociales, especialmente los integrantes de las Juntas de Acción Comunal, se apropiaron de las leyes y de los conceptos éticos y de organización comunitaria aprendidos durante su formación, para intervenir ante las autoridades locales, regionales y nacionales y hacer efectivos sus derechos.
Fue así como Cartagena se convirtió en un modelo de intervención ciudadana en Colombia, tanto individual como colectiva, para conseguir soluciones a los problemas que afectaban a las comunidades. Para ello, se utilizaron las disposiciones legales que facultaban a las personas para presentar peticiones ante las autoridades y promover la reactivación de las organizaciones sociales como base de la democracia local.
De ese proceso nació, en 1987, la propuesta de la dirigencia comunal presentada ante el Concejo de Cartagena, que planteaba dividir el territorio en 33 comunas y 15 corregimientos. En cada uno de estos territorios urbanos y rurales se elegiría, mediante voto popular, una Junta Administradora Local (JAL) que representara a la ciudadanía residente.
Todo lo anterior nos sirve de preámbulo para afirmar que la participación ciudadana es un requisito indispensable para alcanzar el desarrollo socioeconómico integral de las naciones. Este proceso debe comenzar desde el ámbito local, donde se requiere que la población reconozca su deber de actuar con responsabilidad en todos los aspectos de la vida social y democrática.
Así como las autoridades tienen funciones asignadas por la Constitución y las leyes, los ciudadanos, tanto en las grandes como en las pequeñas comunidades, también tienen deberes que cumplir, como los establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de Colombia: respetar los derechos ajenos, actuar con solidaridad social, defender los derechos humanos, participar en la vida política, cívica y comunitaria, proteger el medio ambiente y contribuir a la financiación de los gastos e inversiones del Estado.
Desde el punto de vista ético, corresponde a los ciudadanos aportar, desde sus habilidades y cualidades, al bienestar individual y colectivo. Es una responsabilidad que en Cartagena debemos poner en práctica.
Un ejemplo claro es la protección del medio ambiente. Resulta inaceptable que se considere normal la existencia de basureros y acumulaciones de residuos en diferentes sectores de la ciudad, incluso cuando las empresas encargadas del servicio de aseo realizan oportunamente la recolección de las basuras.
La limpieza de Cartagena no depende únicamente de las empresas de aseo ni de las autoridades. También requiere del compromiso de cada ciudadano, de su cultura y de su sentido de pertenencia.
Arrojar residuos en lugares indebidos, abandonar basura en las calles o utilizar los espacios públicos como botaderos son comportamientos que afectan a toda la comunidad.
Eso también es irresponsabilidad ciudadana.


