Cartagena necesita seis localidades pensadas desde el territorio y para la gente
Aniano Morales Blanco
Administrador público, formador comunal y experto en planeación participativa
Cartagena necesita debatir si su organización territorial responde a las necesidades de sus comunidades. La propuesta de seis localidades, dos rurales y cuatro urbanas, representa una oportunidad para fortalecer la descentralización administrativa, reducir desigualdades y distribuir mejor los recursos públicos. No se trata de dibujar nuevas fronteras, sino de construir un modelo de gestión cercano que reconozca las diferencias territoriales y convierta la planeación en bienestar colectivo. Cartagena no es homogénea: reúne territorios insulares, comunidades campesinas, ecosistemas estratégicos, barrios históricos, zonas de expansión urbana y corredores industriales. Por ello, la organización local debe responder a sus realidades sociales, económicas y ambientales. Los artículos 287, 311 y 322 de la Constitución aportan referentes sobre autonomía territorial, gestión municipal y régimen distrital; para Cartagena, el artículo 328 y la Ley 1617 de 2013 constituyen referencias centrales de su régimen especial. La descentralización debe traducirse en soluciones concretas para la ciudadanía.
La primera localidad sería la Rural Insular y del Canal del Dique, orientada a articular las comunidades con la protección del agua, los ecosistemas y las actividades tradicionales. La conectividad, los servicios públicos, la pesca y el turismo sostenible deben integrarse con la recuperación ambiental y la gestión del riesgo. La segunda, Rural Norte Agraria y Ecoturística, priorizaría la producción agropecuaria, la economía campesina, la seguridad alimentaria y la conservación de los suelos rurales. El campo no puede considerarse una reserva para la expansión urbana, sino un territorio con identidad, derechos y oportunidades.
En el componente urbano, la primera localidad sería Tesca, organizada alrededor de las dinámicas sociales y ambientales de la Ciénaga de la Virgen. Vivienda digna, movilidad, servicios públicos y espacio público deben avanzar junto con la recuperación de los cuerpos de agua. La segunda, Histórica Cerro de La Popa, articularía patrimonio, memoria, turismo y mejoramiento barrial. Preservar la historia significa proteger los bienes culturales y también a las comunidades que les dan vida, garantizando que la renovación urbana respete su identidad y sus necesidades. La tercera localidad sería Lomas del Marión, concebida para anticipar los efectos de la expansión residencial y planificar vías, colegios, centros de salud, parques y servicios públicos. Su delimitación deberá sustentarse en estudios territoriales y ambientales compatibles con el ordenamiento vigente. La cuarta, Industrial y Metropolitana, integraría producción, logística, conectividad y empleo, procurando que el crecimiento económico genere trabajo digno, protección ambiental y bienestar. Cartagena no puede seguir separando la riqueza que produce de las oportunidades que reciben sus comunidades.
Esta propuesta requiere mucho más que voluntad política. Son indispensables estudios demográficos, cartografía oficial, límites precisos, evaluación de competencias, costos administrativos, fuentes de financiación y análisis de sostenibilidad fiscal. Su viabilidad debe examinarse conforme a la Ley 1617 de 2013, el Plan de Ordenamiento Territorial y las demás normas aplicables. Las comunidades, las Juntas Administradoras Locales y las Juntas de Acción Comunal deben participar desde la formulación. La reorganización territorial no puede responder a conveniencias burocráticas ni a intereses particulares, sino a criterios verificables de equidad y eficiencia.
La descentralización debe reflejarse, además, en el funcionamiento de los Fondos de Desarrollo Local. Cada localidad necesita proyectos bien formulados, asignación transparente de recursos, asistencia técnica, capacidad de ejecución y rendición de cuentas. La ciudadanía debe conocer cuánto se asigna, qué se contrata, quién responde y cuáles resultados se obtienen. Sin planeación, control y participación, multiplicar estructuras administrativas no garantiza mejores servicios ni resuelve las desigualdades que afectan a los barrios y corregimientos.
Cartagena necesita pasar de administrar divisiones geográficas a gestionar el territorio para la preservación de la vida. La propuesta de dos localidades rurales y cuatro urbanas merece un debate público, técnico, jurídico y fiscalmente responsable. La pregunta no es cuántas localidades convienen a la administración, sino cuál organización permite garantizar derechos, proteger ecosistemas, fortalecer la economía y acercar las decisiones a la gente. Diseñadas con rigor y participación, las seis localidades pueden convertirse en una oportunidad para que la descentralización produzca equidad, dignidad y desarrollo para todos los cartageneros.
