¡Escándalo por venta de inmueble en el Centro Histórico de Cartagena! SNR denuncia ante la Fiscalía posible detrimento de $3.577 millones

Una propiedad ubicada en la tradicional calle de Baloco fue vendida por $8.340 millones. La Superintendencia de Notariado y Registro advierte posibles irregularidades en el avalúo, diferencias en las áreas del inmueble y una puja de apenas 41 horas en la que se recibió una sola oferta.

Una millonaria operación inmobiliaria en pleno Centro Histórico de Cartagena quedó bajo la lupa de las autoridades. La Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación para que se investiguen posibles irregularidades en la venta de un inmueble público ubicado en la tradicional calle de Baloco, cuyo proceso podría haber ocasionado una afectación al patrimonio público estimada en $3.577 millones.

La propiedad fue comercializada por $8.340 millones, valor que prácticamente coincide con el avalúo comercial realizado en junio de 2025, que estableció un precio de $8.336 millones. Sin embargo, la revisión adelantada por la Superintendencia encontró diferencias en los criterios utilizados para determinar el valor del predio, así como inconsistencias relacionadas con las áreas del inmueble.

La denuncia busca establecer si la operación se realizó bajo los parámetros legales y si el Estado recibió realmente el valor que correspondía por este bien.

La diferencia que encendió las alarmas: $3.577 millones

Uno de los aspectos más delicados de la revisión tiene que ver con las dimensiones utilizadas para calcular el precio de venta.

Según la Superintendencia, el avalúo y el proceso de comercialización tomaron como referencia 470 metros cuadrados de terreno y 851 metros cuadrados de construcción.

Sin embargo, la promesa de compraventa y la escritura transfirieron el inmueble como cuerpo cierto, con un área aproximada de 1.311 metros cuadrados, de acuerdo con el título de adquisición.

La SNR realizó un cálculo según el cual, si los 1.311 metros cuadrados correspondieran al área del terreno, el valor estimado del inmueble podría alcanzar los $11.917 millones.

Al comparar esa cifra con los $8.340 millones pagados, aparecería una posible diferencia patrimonial de aproximadamente $3.577 millones.

La entidad aclaró que se trata de una estimación que deberá comprobarse mediante un levantamiento topográfico y la revisión de los títulos de propiedad. También advirtió que podría existir una subvaloración adicional relacionada con el precio por metro cuadrado.

Una sola empresa presentó oferta en una puja de 41 horas

Otro de los elementos que la Superintendencia considera necesario esclarecer es la forma como se desarrolló la comercialización del inmueble.

El proceso estuvo a cargo de Central de Inversiones S. A. (CISA), en virtud del Contrato Interadministrativo 1938 de 2025, suscrito con la Superintendencia.

De acuerdo con la documentación revisada, el predio fue incorporado al sistema de CISA el 2 de septiembre de 2025 y publicado el día 8 del mismo mes.

La puja estuvo abierta desde las 00:00 horas del 9 de septiembre hasta las 5:00 de la tarde del día siguiente, es decir, aproximadamente 41 horas.

Durante ese tiempo solamente se recibió una oferta, presentada por la sociedad AMERICAN LIGHTING S. A. S., por $8.340 millones, exactamente el precio publicado para la propiedad.

La Superintendencia también llamó la atención sobre la fecha de expedición del certificado de existencia y representación legal de esa empresa: 3 de septiembre de 2025, cinco días antes de la publicación del inmueble.

La entidad fue enfática en señalar que esta circunstancia, por sí sola, no demuestra que la compañía hubiera tenido acceso anticipado a la información, pero considera necesario revisar los registros y las comunicaciones relacionadas con el proceso.

También cuestionan los criterios del avalúo

La revisión encontró que los inmuebles utilizados como referencia para establecer el precio no tendrían características similares ni estarían ubicados en sectores comparables.

Además, el único referente localizado en el barrio San Diego habría sido excluido sin que existiera una explicación suficiente, según el análisis de la Superintendencia.

A esto se suma que, de acuerdo con la entidad, en el expediente no estarían los documentos necesarios para respaldar plenamente la venta y verificar la protección del valor cultural del inmueble.

La Fiscalía tendrá que esclarecer qué ocurrió

Con la denuncia penal, la Superintendencia busca que las autoridades determinen cómo se estableció el valor comercial, si se cumplieron los requisitos legales de la operación y si existió alguna afectación a los recursos públicos.

Por ahora, los hallazgos corresponden a presuntas irregularidades y aspectos pendientes de verificación. No constituyen por sí mismos una declaración de responsabilidad penal contra las personas o empresas relacionadas con la operación.

La pregunta de fondo es cuánto valía realmente este inmueble en uno de los sectores más tradicionales y valiosos de Cartagena y si el patrimonio público recibió el dinero que correspondía por su venta.

La investigación deberá establecer si las diferencias obedecen a errores técnicos o si existieron actuaciones que puedan comprometer responsabilidades.