Cartagena: niña de 12 años sufrió amputación de dos dedos en colegio; padres denuncian presuntas fallas de supervisión y atención médica

La estudiante resultó lesionada en plena clase de Educación Física en la Institución Educativa Hermano Antonio Ramos de La Salle.

Sus padres protestan y exigen respuestas al rector y a la Secretaría de Educación Distrital.

Un drama familiar y una denuncia que genera preocupación por la seguridad de los estudiantes dentro de las instituciones educativas se vive en Cartagena, luego de que una niña de 12 años, sufriera la amputación de dos dedos de su mano izquierda en un accidente ocurrido en la Institución Educativa Hermano Antonio Ramos de La Salle.

Sus padres denuncian presuntas fallas en la supervisión de los alumnos, demoras en la atención médica y actuaciones posteriores al accidente que, según sostienen, agravaron su angustia y vulneraron los derechos de la menor.

Ante lo sucedido y las respuestas que aseguran haber recibido por parte de la institución, la familia adelanta una protesta y exige explicaciones al rector, Fernando Luque Olaya, y a la Secretaría de Educación Distrital de Cartagena.

El accidente ocurrió durante la clase de Educación Física

De acuerdo con la denuncia de los padres, el accidente se produjo mientras se desarrollaba una clase de Educación Física.

El docente habría ordenado a los 43 estudiantes del curso trasladarse a la cancha, mientras él permaneció en el aula.

Según la versión entregada por la familia, la niña se balanceó en una reja y su mano izquierda quedó atrapada y presionada entre los hierros, ocasionándole la amputación de dos dedos.

Los padres cuestionan que, presuntamente, los estudiantes se encontraran sin la vigilancia directa de un adulto en el momento de los hechos.

Además, aseguran que, tras el accidente, fue otro estudiante del mismo curso quien llevó a Jhoselin hasta la enfermería.

Esta situación plantea interrogantes sobre los protocolos de supervisión, prevención de accidentes y atención de emergencias que deben aplicarse para proteger la integridad de los niños, niñas y adolescentes dentro de los establecimientos educativos.

Denuncian demoras en la atención médica

Otro de los puntos más delicados de la denuncia está relacionado con el traslado de la menor a la Clínica Medihelp Services, ubicada en el sector de Bocagrande.

Según los padres, la estudiante fue remitida con una póliza vencida, situación que, de acuerdo con su relato, habría retrasado la atención médica.

También cuestionan las condiciones bajo las cuales se gestionó su ingreso al centro asistencial, pues aseguran que la clínica atiende urgencias vitales bajo el esquema de medicina prepagada.

La familia sostiene, además, que los dedos desprendidos no habrían sido recogidos oportunamente para evaluar una posible reconstrucción.

Según su versión, cuando el padre llegó al colegio e intentó ingresar para gestionar lo necesario frente a la lesión de su hija, los vigilantes no le permitieron el acceso.

Los padres consideran que estos hechos deben ser investigados para establecer qué ocurrió desde el momento del accidente, cómo se activaron los protocolos de emergencia y si se adoptaron oportunamente las medidas necesarias para procurar la atención de la niña.

Piden acceso a las cámaras de seguridad

La familia también solicitó a las directivas del plantel acceso a las imágenes de las cámaras de videovigilancia para conocer con mayor precisión las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

Según la denuncia, inicialmente les indicaron que debían presentar una autorización de la Fiscalía para acceder al material audiovisual.

Los padres afirman que solo después de la intervención y presión de una veedora fue posible tener acceso a las imágenes.

Este material podría resultar relevante para esclarecer las circunstancias del accidente, verificar la presencia de personal adulto y establecer la secuencia de los acontecimientos posteriores a la lesión.

La controversia por el comunicado del rector

La indignación de los padres aumentó luego de que, según relatan, el rector Fernando Luque Olaya emitiera un comunicado en el que habría señalado que la estudiante recibió atención satisfactoria, se encontraba recuperada y le habían reconstruido la mano derecha.

La madre de la menor, durante una entrevista concedida a una emisora local cuestionó esas afirmaciones y aseguró que la mano afectada fue la izquierda y que los dedos no pudieron ser reconstruidos.

Para la familia, la diferencia entre lo expresado por el rector y lo sucedido con su hija genera serios interrogantes sobre la información suministrada por las directivas a la comunidad educativa.

Los padres piden que se aclare públicamente el estado real de la niña y que se informe con precisión sobre la atención médica recibida y las consecuencias de la lesión.

Padres denuncian presunta revictimización de la menor

A las preocupaciones por el accidente y la atención médica se suma otra denuncia: según los padres, desde la institución se habría enviado a un docente a recorrer los salones para hablar con los estudiantes sobre lo ocurrido.

De acuerdo con la familia, el mensaje transmitido habría responsabilizado exclusivamente a la menor por el accidente, una situación que consideran revictimizante y que podría exponer a la niña a señalamientos dentro de su propio entorno escolar.

Los padres insisten en que lo ocurrido debe examinarse de manera integral, sin anticipar responsabilidades y teniendo en cuenta tanto las circunstancias del accidente como las medidas de prevención, vigilancia y atención adoptadas por el colegio.

Exigen respuestas de la Secretaría de Educación

La familia reclama explicaciones del rector y de la Secretaría de Educación Distrital de Cartagena sobre las condiciones en que ocurrió el accidente, la supervisión de los 43 estudiantes, los protocolos de emergencia, la vigencia de la póliza y la información entregada posteriormente a los padres.

También pide que se esclarezca si hubo fallas en los procedimientos institucionales y que, de comprobarse alguna irregularidad, se adopten las medidas correspondientes para evitar que una situación similar vuelva a presentarse.

El caso deja una pregunta de fondo: ¿están funcionando adecuadamente los mecanismos de vigilancia, prevención y respuesta ante emergencias en los colegios de Cartagena?

Mientras la familia reclama respuestas, la prioridad debe ser garantizar la recuperación integral de Jhoselin, proteger sus derechos y esclarecer lo sucedido con rigor, transparencia y respeto por la menor.