Condena ejemplar: ratifican más de 33 años de prisión a patrullero por asesinato de joven futbolista en Cartagena

En una decisión de alto impacto social y judicial, el Tribunal Superior de Cartagena confirmó en segunda instancia la condena de 33 años y cuatro meses de prisión contra el patrullero Octavio Darío Porras Vides, hallado responsable del homicidio agravado de un joven futbolista y de alterar documentos oficiales para encubrir su actuación.

El fallo respalda las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, que logró demostrar no solo la responsabilidad directa del uniformado en la muerte del menor, sino también su participación en maniobras posteriores para intentar justificar el crimen.

Una agresión sin motivo que terminó en tragedia
Los hechos se remontan al 24 de agosto de 2020, en el barrio San Francisco de Cartagena. Según la investigación, el patrullero llegó a un lavadero de carros donde se encontraba la víctima y, sin razón válida, comenzó a agredirlo físicamente porque no le dio información precisa sobre los horarios del establecimiento.

El adolescente intentó huir para evitar el ataque, pero fue perseguido por el uniformado, quien le disparó en el abdomen con su arma de dotación.

Aunque fue trasladado a un centro asistencial, murió poco después debido a la gravedad de la herida.

Intento de encubrimiento quedó al descubierto
Tras el crimen, el patrullero habría participado en la alteración de los reportes oficiales, señalando falsamente que el joven hacía parte de una pandilla y que había atacado a policías con un arma artesanal.

Sin embargo, las investigaciones, incluyendo análisis balísticos, desmintieron esa versión. Se comprobó que la víctima no portaba armas y que el artefacto presentado como evidencia no era apto para disparar, dejando en evidencia un intento de encubrimiento.

Absolución de otros uniformados y recurso de la Fiscalía
En la misma decisión, el Tribunal absolvió a los patrulleros Iván Darío Olivo de Ávila y Juan Esteban Gómez Ricard, quienes habían sido condenados en primera instancia por favorecimiento agravado y falsedad ideológica en documento público.

Frente a esta absolución, la Fiscalía anunció que interpondrá recurso de casación, buscando que se revise la decisión.

Este caso vuelve a poner en el centro del debate nacional el actuar de algunos miembros de la fuerza pública y la necesidad de garantizar justicia en hechos que involucran violaciones a los derechos humanos.

La confirmación de la condena envía un mensaje contundente sobre la responsabilidad individual de los agentes del Estado y la importancia de evitar la impunidad.