Denuncian a Salud Total EPS por presunta vulneración de derechos en caso de paciente sin atención psiquiátrica en Cartagena

Una grave denuncia en materia de salud pone en el ojo del huracán a Salud Total EPS, luego de que se conociera el caso de una paciente que permanece desde hace seis días en una clínica de Cartagena sin recibir el traslado requerido a un centro especializado en atención psiquiátrica.

De acuerdo con la denuncia, la mujer estaría en condiciones que requieren atención urgente en salud mental, sin que hasta el momento la EPS haya garantizado su remisión oportuna, lo que podría constituir una vulneración directa a sus derechos fundamentales.

Expertos señalan que esta situación podría infringir normas clave del ordenamiento jurídico colombiano, entre ellas el Artículo 49 de la Constitución Política, que consagra el derecho a la salud; la Ley 1616 de 2013, que garantiza la atención integral en salud mental; y la emblemática Sentencia T-760 de 2008, que establece la obligación del sistema de salud de brindar servicios sin barreras ni dilaciones.

Organizaciones sociales, entre ellas la veeduría en salud Color Esperanza y el medio Las Noticias Cartagena, calificaron el caso como “alarmante” y advirtieron que la demora en la atención no solo agrava la condición de la paciente, sino que pone en riesgo su integridad y dignidad.

Además, cuestionaron duramente el actuar de la EPS, señalando que, en la práctica, sus compromisos con los usuarios se han quedado en el papel.

“Con su accionar, Salud Total se ha convertido en un simple saludo a la bandera, afectando gravemente a sus usuarios”, manifestaron voceros, en referencia a la falta de respuestas efectivas ante situaciones críticas.

Asimismo, hicieron un llamado urgente al Ministerio de Salud y a las autoridades distritales de Cartagena para que intervengan de manera inmediata y se garantice el traslado de la paciente a un centro especializado.

Este caso reabre el debate sobre las fallas estructurales en la atención en salud mental en Colombia y la responsabilidad de las EPS en la garantía efectiva de los derechos de los usuarios.

La comunidad y organizaciones defensoras de derechos humanos insisten en que no se puede normalizar la negligencia ni permitir que casos como este queden sin respuesta.