LAS NOTICIAS CARTAGENA

La Veeduría en Salud Color Esperanza y el portal Las Noticias Cartagena denunciaron un presunto abandono médico y administrativo en la clínica Barú, y exigieron la intervención inmediata del Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS) ante la crítica situación que enfrenta la paciente Lizet, quien permanece hospitalizada sin recibir una atención integral, oportuna y digna.

De acuerdo con la denuncia, la paciente ingresó el 3 de enero con fractura de cadera y tibia, producto de un accidente de tránsito.

Inicialmente fue llevada a cirugía para control de daños, donde se le practicó la instalación de un fijador externo.

Posteriormente, el especialista en ortopedia determinó que la paciente requería manejo especializado en cirugía de pelvis, por lo que solicitó su remisión urgente a un centro con mayor complejidad.

Sin embargo, durante el proceso de remisión, la familia denunció haber sido engañada y vulnerada en su buena fe, al hacerles firmar un documento en el que se autorizaba un traslado a Barranquilla, decisión que no correspondía a su voluntad real ni fue explicada de manera clara.

La familiar había solicitado inicialmente la posibilidad de traslado al Hospital Universitario del Caribe (HUC), donde cuenta con conocidos y donde esperaba una atención más adecuada.
El traslado nunca se concretó y la paciente continúa internada en la clínica Barú.

Actualmente, la familia no acepta el traslado a otra ciudad, pero denuncia graves fallas en la atención, como dilaciones injustificadas, falta de recursos, ausencia de manejo especializado y una evidente incapacidad de la clínica para realizar el procedimiento quirúrgico que la paciente requiere con urgencia.

Según la denuncia, pese a que la clínica no cuenta con la capacidad ni los recursos necesarios para la cirugía de pelvis, tampoco estaría facilitando alternativas reales de atención, prolongando innecesariamente la permanencia de la paciente y poniendo en riesgo su vida y su recuperación.

La situación es aún más delicada porque se trata de un caso cubierto por el SOAT, y aun así la paciente no estaría recibiendo el servicio médico correspondiente.

La familia también cuestiona la falta de claridad en los cobros que la clínica Barú ha venido realizando al SOAT, mientras la paciente permanece sin una solución médica efectiva, lo que podría configurar una grave negligencia médica y administrativa.

Adicionalmente, denunciaron que se les informó que, si no aceptaban el traslado, la cirugía se realizaría en un plazo aproximado de 20 días, término que consideran injustificado, riesgoso y contrario a la urgencia del cuadro clínico.

“La salud de un paciente no puede quedar atrapada entre la desidia institucional y la falta de compromiso de una clínica. Hoy no solo está en riesgo la vida de Lizet, sino también la estabilidad emocional y económica de su familia”, advirtió la Veeduría en Salud Color Esperanza.

Ante estos hechos, las organizaciones exigen al DADIS:
Intervenir de manera inmediata este caso.
Garantizar que la clínica Barú brinde una atención médica oportuna, integral y especializada, o que facilite de inmediato una remisión adecuada.
Verificar y auditar los cobros realizados al SOAT.
Brindar acompañamiento real, efectivo y permanente a la familia afectada.

La Veeduría advirtió que la dilación en la atención, la falta de garantías y el uso de documentos firmados sin información suficiente constituyen una posible vulneración del derecho fundamental a la salud, y evidencian fallas estructurales del sistema, que hoy dejan a una familia sola frente a una situación límite.

Finalmente, reiteraron que no se puede permitir la revictimización de los pacientes, ni que algunas clínicas continúen facturando recursos públicos sin responder con servicios médicos adecuados, y esperan una respuesta pronta, clara y contundente por parte del DADIS y de los entes de control.