Desde María La Baja habrían operado perfiles falsos para extorsionar a 14 personas en San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Una pareja fue capturada por el Gaula de la Policía en Bolívar. Según la investigación, contactaban a sus víctimas por redes sociales, obtenían fotografías y videos íntimos y luego exigían dinero a cambio de no divulgar el material.
Una investigación de las autoridades permitió identificar un presunto esquema de extorsión que habría afectado a por lo menos 14 personas en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, cuyos responsables, al parecer, operaban desde el municipio de María La Baja, Bolívar.
Los señalados fueron identificados como Jhoana Ramírez Díaz y Jhons Pérez Morrillo, quienes fueron capturados por unidades del Gaula de la Policía Nacional en María La Baja.
De acuerdo con la investigación, la pareja presuntamente utilizaba perfiles falsos en redes sociales y aplicaciones de mensajería para establecer contacto con hombres y mujeres, generar confianza y persuadirlos de compartir fotografías y videos de contenido íntimo.
Sin embargo, lo que inicialmente parecía un acercamiento para establecer relaciones o intercambiar contenido privado terminaba convirtiéndose, presuntamente, en una estrategia de extorsión.
Una vez obtenían el material, los señalados habrían comenzado a exigir dinero a las víctimas bajo amenazas de publicar las imágenes y los videos en redes sociales y otros medios de comunicación. Esta modalidad, conocida como sextorsión, habría sido utilizada para presionar a las personas afectadas y conseguir pagos a cambio de guardar silencio.
También habrían utilizado amenazas de atentados
La investigación señala que, en otros casos, los procesados presuntamente se hacían pasar por integrantes de estructuras delincuenciales con presencia en el archipiélago para intimidar a sus víctimas y exigirles dinero a cambio de no atentar contra sus vidas o integridad.
Las labores investigativas permitieron relacionar diferentes hechos ocurridos durante el último año, con un balance de al menos 14 personas afectadas, entre hombres y mujeres.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a los dos capturados y les imputó el delito de extorsión agravada. Ninguno aceptó los cargos.
No obstante, un juez con funciones de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial.
El caso vuelve a poner sobre la mesa los riesgos de compartir fotografías, videos y otros contenidos íntimos con personas conocidas a través de perfiles en redes sociales, especialmente cuando no se tiene certeza sobre su verdadera identidad.
Las autoridades recomiendan denunciar cualquier amenaza o exigencia económica relacionada con la divulgación de material privado y evitar realizar pagos a los extorsionistas.
