El paciente no puede ser el precio de la guerra por las EPS

Opinión|Andrés Ochoa, director de la Veeduría en Salud Color Esperanza, plantea que la crisis y las disputas alrededor de las EPS, el Gobierno y la reforma a la salud no pueden terminar trasladando sus consecuencias a los pacientes.

Andrés Ochoa
Director – Veeduría en Salud Color Esperanza

Hay discusiones que se libran en los despachos, en los tribunales, en los comunicados oficiales y en los titulares de prensa.

Y hay otras que transcurren en silencio, en los pasillos de los hospitales, en las salas de urgencias y en los hogares donde una familia espera una llamada que puede cambiarlo todo.

La primera suele tener micrófonos; la segunda, pacientes que esperan.

Colombia lleva demasiado tiempo enfrascada en una discusión sobre el futuro de su sistema de salud.

Después del gobierno anterior, la confrontación alrededor de las EPS se hizo todavía más intensa: reformas, intervenciones, recursos, deudas, modelos de administración y disputas políticas terminaron ocupando buena parte de la conversación nacional.

Sin embargo, en medio de esa controversia permanece una pregunta que no debería perderse de vista: ¿quién está defendiendo al paciente?

Desde la Veeduría en Salud Color Esperanza creemos que la salud no puede analizarse exclusivamente desde los balances financieros, las decisiones administrativas o las posiciones políticas.

Existe una realidad que no aparece en los informes y que debería ocupar el primer lugar de cualquier discusión: la del ciudadano que llega enfermo a una institución y necesita atención oportuna.

En ese escenario aparece inevitablemente el nombre de Coosalud, una EPS con amplia presencia en el país y con millones de afiliados.

No corresponde a una veeduría ciudadana emitir sentencias ni atribuir responsabilidades que deben ser determinadas por las autoridades competentes. Sí nos corresponde, en cambio, recoger las inquietudes de los usuarios y formular las preguntas que surgen de ellas.

¿Qué ocurre cuando un paciente necesita una cama hospitalaria y no la consigue oportunamente?

¿Qué sucede cuando un medicamento indispensable no llega, cuando una autorización se demora o cuando una persona debe recorrer distintas instituciones buscando atención?

Son preguntas que no pueden reducirse a simples trámites administrativos, porque detrás de cada caso existe una persona cuya salud puede deteriorarse mientras las instituciones resuelven sus diferencias.

Coosalud tiene una responsabilidad frente a sus afiliados y, por esa misma razón, debe escuchar con atención las críticas que provienen de ellos.

Durante años fue asociada con la posibilidad de acercar los servicios de salud a sectores populares; hoy, algunas experiencias negativas han generado una percepción muy distinta entre determinados usuarios.

En medio de esa inconformidad han aparecido expresiones especialmente duras, incluso quienes llegan a calificar a las EPS de “mercaderes de la muerte”.

No creemos que una expresión de indignación pueda convertirse, por sí sola, en una sentencia.

Las responsabilidades deben investigarse y probarse. Pero tampoco creemos que una expresión semejante pueda ser simplemente ignorada.

Cuando un ciudadano llega a ese nivel de desesperación, lo mínimo que corresponde es escuchar, investigar y responder.

Ahí la Superintendencia Nacional de Salud tiene un papel determinante.

La ciudadanía necesita una vigilancia que no se limite a recibir quejas o abrir expedientes, sino que permita establecer qué está ocurriendo, dónde existen fallas y qué medidas deben adoptarse cuando los derechos de los usuarios resulten comprometidos.

La confianza en las instituciones también depende de que sus actuaciones puedan ser conocidas y comprendidas por quienes acuden a ellas buscando protección.v

El Ministerio de Salud y el Gobierno Nacional tampoco pueden observar esta situación únicamente desde la perspectiva de la reforma que pretenden implementar o del modelo que defienden.

Tienen la responsabilidad institucional de garantizar que las decisiones adoptadas para transformar el sistema no terminen profundizando las barreras que enfrentan los pacientes.

Una reforma puede ser necesaria; una intervención puede ser necesaria; incluso una transformación profunda puede ser necesaria.

Pero ninguna de ellas debería medirse únicamente por sus resultados administrativos o financieros.

Su verdadero éxito tendrá que verse en la vida cotidiana de los usuarios.

Porque mientras en Bogotá se discuten modelos, recursos y competencias, en los hospitales hay familias esperando una respuesta.

Mientras las instituciones intercambian argumentos, un paciente puede estar esperando una autorización, un medicamento o una cama.

Y mientras la discusión política mira hacia el futuro, hay personas que necesitan atención hoy.
Ese contraste debería obligarnos a revisar las prioridades.

No se trata de defender a Coosalud frente al Gobierno, ni al Gobierno frente a Coosalud. Tampoco de convertir a la Supersalud o al Ministerio de Salud en los únicos responsables de las dificultades del sistema.

La realidad es más compleja y, precisamente por eso, exige que cada actor asuma la parte que le corresponde.

Coosalud debe responder por la atención que reciben sus afiliados y explicar las situaciones que sean objeto de cuestionamiento.

La Supersalud debe ejercer con independencia y rigor sus funciones de inspección, vigilancia y control.

El Ministerio de Salud debe responder por la política pública y por las condiciones generales del sistema.

Y el Gobierno Nacional debe asumir la responsabilidad política que le corresponde por las decisiones que adopta y por el rumbo que imprime a la salud en Colombia.

La discusión, entonces, no debería reducirse a quién gana la disputa por una EPS.

Si el objetivo de una reforma es mejorar el sistema, el resultado debería reflejarse en algo tan concreto como que un ciudadano enfermo pueda recibir atención sin tener que convertirse en peregrino de hospital en hospital.

Una EPS puede cambiar de administración, un Gobierno puede cambiar de orientación y una política pública puede ser modificada.

Una vida perdida, en cambio, no tiene posibilidad de rectificación.

Por eso, desde la Veeduría en Salud Color Esperanza, seguiremos insistiendo en una posición que no responde a intereses partidistas ni empresariales: el usuario debe estar en el centro.

La vigilancia ciudadana no consiste en escoger bandos, sino en exigir explicaciones, contrastar las versiones y acompañar a quienes sienten que sus derechos han sido vulnerados.

Al final, la pregunta que debería acompañar cada decisión sobre el sistema de salud es mucho más sencilla que cualquier debate político o financiero:
¿DE QUÉ SIRVE GANAR LA GUERRA POR LAS EPS SI EL QUE TERMINA PERDIENDO ES EL PACIENTE?

La salud no puede convertirse en el escenario donde Gobierno, EPS, organismos de control y sectores políticos disputen posiciones mientras el ciudadano asume las consecuencias.

Si todos dicen actuar en defensa del sistema, entonces todos deberían demostrar, con hechos, que también están defendiendo a quienes le dan sentido: los pacientes.

Porque una reforma puede corregirse, una administración puede cambiarse y una decisión puede revisarse, pero la vida de un colombiano que se pierde por falta de atención oportuna, no.

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