¡El sur de Bolívar no aguanta más! Defensoría del Pueblo alerta sobre grave crisis de violencia: 11.135 personas afectadas y exige respuesta urgente del Estado
La entidad advierte que los enfrentamientos entre grupos armados ilegales están provocando desplazamientos, confinamientos, restricciones a la movilidad y temor entre las comunidades. También pidió medidas urgentes tras el ataque con explosivos contra el Cantón Militar de Santa Rosa del Sur.
La violencia sigue golpeando con fuerza al sur de Bolívar. La situación humanitaria en esta región encendió nuevamente las alarmas de la Defensoría del Pueblo, que exigió una respuesta urgente del Estado para proteger a las comunidades y evitar que la población civil continúe pagando las consecuencias del conflicto armado.
En un pronunciamiento fechado el 7 de noviembre de 2026, la entidad expresó su preocupación por el ataque con explosivos contra las instalaciones del Cantón Militar del Ejército Nacional, en Santa Rosa del Sur, ocurrido mientras las autoridades adelantaban un consejo de seguridad en la Alcaldía municipal, convocado luego del asesinato de tres personas el día anterior.
Pero la preocupación va mucho más allá de este último episodio.
La Defensoría reveló que, entre mayo y septiembre de 2026, tuvo conocimiento de 22 emergencias humanitarias relacionadas con confinamientos y desplazamientos forzados masivos, que afectaron al menos a 11.135 personas, pertenecientes a 4.939 familias, en municipios del sur de Bolívar.
El panorama es especialmente preocupante en la Serranía de San Lucas, donde las confrontaciones entre el ELN, el Clan del Golfo, autodenominado EGC, y las disidencias al mando de alias Calarcá, por el control territorial, las rentas de la minería y corredores estratégicos, han generado graves afectaciones a la población civil.
A esta problemática se suman la presencia de minas antipersonal, las restricciones para movilizarse y abastecerse de alimentos y medicamentos, así como la interrupción de actividades educativas. En las comunidades rurales, el confinamiento se ha convertido en una de las principales formas de afectación.
Ataques contra la Fuerza Pública aumentan la preocupación
La Defensoría también recordó los reiterados ataques contra instalaciones policiales en la región.
En Arenal, la estación de Policía fue atacada el 29 de marzo y nuevamente el 11 de julio de 2026. Posteriormente, el 19 de agosto, la estación de Policía de Norosí fue blanco de un ataque con drones explosivos y ráfagas de fusil, que dejó ocho policías heridos y puso en riesgo a estudiantes de una institución educativa cercana.
Ahora, el ataque contra el Cantón Militar de Santa Rosa del Sur vuelve a evidenciar los riesgos que enfrenta esta región.
Alerta temprana sin respuesta suficiente
Uno de los puntos más preocupantes del pronunciamiento es que Santa Rosa del Sur está comprendido en la Alerta Temprana 034 de 2023, cuyo informe más reciente de seguimiento fue emitido en agosto de 2026.
Sin embargo, pese a la persistencia y el agravamiento de los riesgos advertidos, la Defensoría señala que no se ha convocado la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT).
Por esta razón, pidió al Ministerio del Interior convocar urgentemente esta instancia y revisar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas para prevenir nuevas afectaciones.
Los llamados urgentes al Gobierno
La Defensoría solicitó a las autoridades nacionales, departamentales y municipales adoptar medidas inmediatas para proteger a los habitantes de la cabecera municipal, corregimientos y veredas.
También pidió a la Alcaldía, la Gobernación de Bolívar y la Unidad para las Víctimas verificar posibles desplazamientos, activar las rutas de atención humanitaria y garantizar asistencia a las familias afectadas.
A las autoridades de salud y organismos de socorro les reclamó garantizar la atención oportuna de los heridos y acompañar a las familias de las víctimas.
Finalmente, instó a la Fiscalía General de la Nación a investigar los homicidios ocurridos en el municipio y los ataques contra las instalaciones militares, con el propósito de identificar a los responsables.
La entidad recordó a todos los actores armados su obligación de respetar el Derecho Internacional Humanitario y advirtió que el uso de explosivos en zonas pobladas representa un grave peligro para la población civil.
El mensaje de fondo es contundente: las comunidades del sur de Bolívar no pueden seguir viviendo entre el miedo, los desplazamientos y las restricciones a sus derechos mientras las alertas institucionales continúan sin convertirse en acciones efectivas.
El sur de Bolívar necesita seguridad, protección y presencia real del Estado. Sus habitantes tienen derecho a vivir en paz.
Veeduría en Salud Color Esperanza advierte sobre posible desplazamiento masivo
La preocupación por la situación de orden público también se refleja en las comunidades. Habitantes del sur de Bolívar han expresado su temor ante el deterioro de la seguridad y el presunto riesgo de nuevos desplazamientos de familias que podrían verse obligadas a abandonar sus hogares para proteger sus vidas.
Frente a este panorama, la Veeduría en Salud Color Esperanza lanzó un llamado de alerta y puso sobre la mesa una pregunta que reclama respuesta institucional: ¿Dónde están los Gobiernos Nacional y Departamental frente a la situación que viven las comunidades del sur de Bolívar?
La organización advirtió que la seguridad y la salud mental de la población no pueden quedarse en discursos ni promesas. Considera necesario garantizar presencia institucional en los territorios, protección para las familias, atención psicosocial y acciones urgentes que permitan prevenir nuevas afectaciones.
La veeduría también cuestionó si las autoridades van a esperar a que las familias abandonen sus viviendas y territorios para reaccionar frente a una crisis que demanda prevención y respuestas oportunas.
¡El sur de Bolívar no puede quedar en el olvido!
La población civil merece protección, dignidad y garantías para permanecer en sus territorios. No se puede normalizar que las comunidades vivan bajo el miedo, la incertidumbre y la amenaza de tener que dejarlo todo por cuenta de la violencia.
La Veeduría en Salud Color Esperanza reiteró su compromiso con la defensa de los derechos humanos y de las comunidades más vulnerables.
VEEDURÍA EN SALUD COLOR ESPERANZA
Somos la voz de los que no tienen voz.
