La salud no puede convertirse en una condena

Cuando comenzaron a surgir las primera quejas sobre la atención de la EPS Mutual Ser, muchos pensaron que se trataba de errores aislados, situaciones corregibles dentro de un sistema complejo que atiende a miles de usuarios.

Sin embargo, el paso del tiempo ha demostrado una realidad preocupante: las denuncias no son hechos esporádicos, sino situaciones recurrentes que afectan, principalmente, a quienes más necesitan protección y acompañamiento.

Hablamos de pacientes con enfermedades de alto costo y alto riesgo, personas que diariamente enfrentan difíciles batallas por su salud y que, además, deben soportar condiciones indignas en aspectos tan básicos como el transporte, el alojamiento y la alimentación.

Ciudadanos provenientes del Sur de Bolívar y de otros territorios de la Costa Caribe llegan a Cartagena o Barranquilla buscando tratamientos que pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte. Lo mínimo que merecen es un trato humano y respetuoso.

Es cierto que algunas situaciones han mejorado. Las constantes denuncias públicas y el seguimiento realizado por organizaciones como la Veeduría en Salud Color Esperanza han contribuido a generar cambios en la prestación del servicio de transporte. Aunque persisten dificultades, existen avances que demuestran que cuando hay voluntad, las soluciones son posibles.

Pero la preocupación continúa en otros frentes. Las reiteradas denuncias sobre las condiciones de algunos hostales contratados para albergar pacientes y acompañantes no pueden seguir siendo ignoradas.

Los testimonios conocidos públicamente hablan de espacios inadecuados y de una alimentación que, según los propios usuarios, está muy lejos de cumplir estándares mínimos de calidad y dignidad. Son denuncias graves que merecen atención inmediata.

Resulta incomprensible que, pese a las evidencias y los constantes llamados de alerta, se mantengan contratos o relaciones con operadores cuestionados por quienes reciben directamente el servicio.

Más aún cuando se trata de personas vulnerables que atraviesan complejos procesos médicos y que muchas veces dependen exclusivamente del respaldo institucional para poder continuar sus tratamientos.

La responsabilidad no puede recaer únicamente en las autoridades de control. Quien debe actuar primero es la propia EPS. No hace falta esperar sanciones o investigaciones para corregir aquello que claramente está afectando la calidad de vida de los usuarios.

La verdadera responsabilidad social se demuestra tomando decisiones oportunas, exigiendo mejores estándares a los contratistas y garantizando condiciones dignas para cada paciente.

Cabe entonces una reflexión sencilla pero poderosa: si quienes toman las decisiones tuvieran que pasar una noche en alguno de estos lugares denunciados, ¿aceptarían permanecer allí? ¿Consumirían esos alimentos? ¿Considerarían adecuado el trato recibido? La respuesta probablemente sería evidente.

La salud no puede convertirse en una nueva forma de sufrimiento. Los pacientes no son números, contratos ni estadísticas. Son seres humanos que merecen respeto, consideración y condiciones acordes con su dignidad.

Más que señalar culpables, este editorial busca hacer un llamado urgente a quienes tienen la capacidad de decidir y corregir.

Porque detrás de cada queja hay una persona luchando por vivir. Y porque ningún sistema de salud puede considerarse humano cuando olvida precisamente a quienes más necesitan humanidad.