La salud secuestrada por los egos del poder

Mientras los responsables del sistema se disputan el control, los pacientes esperan atención, los hospitales enfrentan crisis financieras y la salud sigue deteriorándose.

Por Andrés Ochoa
Veeduría en Salud Color Esperanza – Las Noticias Cartagena

La salud en Colombia atraviesa uno de los momentos más complejos de los últimos años. Lo más preocupante no es únicamente la crisis financiera que afecta a EPS, IPS y hospitales públicos y privados.

Lo verdaderamente alarmante es que esta situación parece haberse normalizado ante quienes tienen la responsabilidad de garantizar el derecho fundamental a la salud.

Mientras el Gobierno Nacional, las entidades aseguradoras, los prestadores de servicios, los organismos de control y distintos sectores políticos mantienen una permanente disputa sobre el futuro del sistema, millones de usuarios continúan enfrentando barreras para acceder a una atención digna y oportuna.

En Cartagena y Bolívar, la realidad es evidente. Las quejas por falta de medicamentos, demoras en citas especializadas, retrasos en procedimientos médicos, insuficiencia de ambulancias, dificultades en la red hospitalaria y fallas en la atención aumentan cada día.

La ciudadanía escucha constantemente anuncios de reformas, promesas de transformación y debates sobre el sistema. Sin embargo, para quien necesita un medicamento, una cirugía o una consulta especializada, la realidad sigue siendo la misma: largas esperas, trámites interminables e incertidumbre sobre el acceso efectivo a los servicios de salud.

La reciente alerta emitida por el Nuevo Hospital Bocagrande debe entenderse como una señal de alarma para todo el país. Cuando una institución hospitalaria advierte que enfrenta dificultades para garantizar la continuidad de sus servicios debido a problemas en el flujo de recursos, estamos ante una situación que no puede minimizarse ni ignorarse.

No se trata únicamente de balances financieros.
Se trata de pacientes hospitalizados.
Se trata de trabajadores de la salud que esperan el pago de sus salarios.

Se trata de médicos, enfermeras, auxiliares y personal administrativo que sostienen diariamente la atención de miles de personas.
Se trata de ciudadanos que depositan su confianza en un sistema que cada vez responde con más dificultades y menos soluciones.

Resulta preocupante que mientras las IPS son sometidas a rigurosos procesos de inspección, vigilancia y control para garantizar estándares de calidad, muchas deban enfrentar graves problemas financieros derivados de retrasos en los pagos por servicios ya prestados.

No puede exigirse excelencia en la atención cuando quienes prestan los servicios tienen dificultades para adquirir medicamentos, comprar insumos, sostener sus nóminas y mantener operativa la infraestructura necesaria para atender a los usuarios.

La salud no funciona únicamente con normas, resoluciones o discursos
La salud funciona cuando existen recursos suficientes, pagos oportunos, planeación eficiente y decisiones responsables.
Y precisamente allí surge una de las principales preocupaciones actuales.

Durante los últimos meses han aumentado las denuncias de usuarios, trabajadores y prestadores relacionadas con las dificultades que enfrentan algunas entidades para responder oportunamente a sus obligaciones.

Las investigaciones correspondientes deberán ser adelantadas por los organismos competentes, respetando el debido proceso y las garantías legales. Sin embargo, la ciudadanía tiene derecho a exigir transparencia y claridad sobre el manejo de los recursos destinados a la salud.

Cada peso que ingresa al sistema debe traducirse en atención médica para los usuarios.
Cada recurso público debe cumplir su finalidad constitucional.

Cada decisión administrativa debe estar orientada a proteger la vida y la dignidad humana.

Pero hoy, desde las regiones, surge una pregunta inevitable: ¿Hasta dónde vamos a llegar?
Porque ya parece normal que Cartagena reporte déficit de ambulancias acuáticas para atender a las comunidades insulares.

Parece normal que existan dificultades en la red hospitalaria.
Parece normal que los usuarios deban acudir a tutelas para obtener medicamentos.
Parece normal que las EPS acumulen miles de reclamaciones.
Parece normal que las IPS denuncien problemas de liquidez.

Parece normal que los pacientes esperen meses por una cita especializada.

Y nada de eso debería ser normal.

También es importante recordar que las secretarías de salud territoriales tienen competencias limitadas frente a muchos de los problemas estructurales que afectan al sistema.

Las entidades territoriales realizan vigilancia sanitaria, visitas de inspección y seguimiento dentro de sus facultades legales. Sin embargo, las decisiones relacionadas con supervisión financiera, medidas administrativas especiales, sanciones y acciones estructurales corresponden, en gran medida, a las autoridades nacionales.

Por ello surge otra pregunta legítima:
¿Dónde están los organismos nacionales cuando las instituciones prestadoras advierten sobre riesgos financieros?

¿Dónde están cuando los trabajadores de la salud denuncian retrasos salariales?

¿Dónde están cuando los usuarios enfrentan barreras permanentes para acceder a tratamientos y medicamentos?

¿Dónde están cuando los hospitales alertan sobre posibles afectaciones en la continuidad de los servicios?

Los ciudadanos merecen respuestas.
Pero, sobre todo, merecen soluciones.
La salud no puede seguir siendo víctima de disputas ideológicas, confrontaciones políticas o guerras burocráticas.

Los pacientes no pertenecen a ningún partido político.

Las enfermedades no distinguen ideologías.
Las urgencias médicas no esperan debates administrativos.

La salud debe estar por encima de cualquier interés político, económico o institucional.

Por eso resulta inevitable hablar de la profunda frustración ciudadana frente a lo que muchos denominan el «cartel de la salud»; una expresión que refleja el cansancio colectivo frente a prácticas que durante años han debilitado la confianza en el sistema: burocracia excesiva, falta de transparencia, decisiones tardías, corrupción cuando ha sido demostrada por las autoridades, conflictos de interés y ausencia de soluciones oportunas.

El resultado siempre es el mismo.

El paciente termina pagando las consecuencias.
Mientras unos discuten competencias, otros esperan una cirugía.

Mientras unos defienden posiciones políticas, otros esperan un medicamento.

Mientras unos libran guerras de poder, otros esperan una ambulancia.

Mientras unos hablan de cifras, otros luchan por conservar la vida.

Desde la Veeduría en Salud Color Esperanza reiteramos nuestro compromiso con el ejercicio del control social consagrado en la Constitución Política y en la Ley 850 de 2003.

Seguiremos elevando la voz cuando los usuarios sean vulnerados.
Seguiremos acompañando a las comunidades.
Seguiremos exigiendo transparencia.
Seguiremos promoviendo espacios de diálogo y construcción colectiva de soluciones.
Y seguiremos recordando algo que jamás debería olvidarse:

La salud no puede seguir secuestrada por los egos del poder
Porque cuando el acceso a la atención médica falla, cuando los hospitales colapsan financieramente, cuando los trabajadores no reciben sus salarios y cuando los pacientes pierden la oportunidad de ser atendidos a tiempo, el problema deja de ser administrativo o político.

Se convierte en un problema humano.
Y en una sociedad que se proclama democrática y garante de derechos, ninguna lucha de poder puede estar por encima de la vida de sus ciudadanos.