¿Por qué molesta tanto que el Presidente esté en la calle en medio de los operativos?

Colombia lleva décadas enfrentando una violencia que ha cambiado de rostro, de nombre y de territorio, pero que sigue dejando las mismas consecuencias: miedo, desplazamiento, muerte, extorsión y comunidades enteras sometidas por estructuras criminales.

Por eso resulta difícil entender que, en medio de una situación de seguridad tan compleja, la presencia del presidente de la República en los territorios donde se desarrollan operaciones de la Fuerza Pública termine convertida en una discusión política sobre si debe o no estar allí.

Abelardo de la Espriella ha decidido asumir personalmente una política de seguridad que tiene como uno de sus ejes la recuperación del control territorial.

Desde agosto, el mandatario ha reiterado que, como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, su Gobierno busca recuperar la autoridad del Estado en todo el territorio nacional.

Y ahora lo estamos viendo en las calles.
En Cali acompañó la denominada Operación Iron, desplegada contra estructuras criminales en la ciudad.

En Santa Marta también estuvo presente durante la respuesta institucional a la situación generada por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

¿Es normal que un presidente participe de esta manera?

Esa es una discusión válida.

También es válido preguntarse si la presencia física del jefe de Estado en zonas donde existe riesgo operacional puede tener implicaciones de seguridad.

Y, por supuesto, todo procedimiento debe desarrollarse dentro de la Constitución, la ley y los protocolos establecidos.

Pero hay algo que tampoco podemos perder de vista: la seguridad no puede convertirse exclusivamente en un espectáculo de micrófonos, discursos y oficinas refrigeradas.

Un presidente que decide desplazarse hasta un territorio afectado por la violencia está enviando un mensaje político e institucional: el Estado está presente.

La discusión sobre el arma que apareció en la cintura del mandatario durante sus recorridos también ha generado controversia.

Algunos sectores han cuestionado esa imagen, mientras otros la interpretan como una medida de protección ante un escenario de riesgo.

La legalidad concreta del porte debe determinarse conforme a las normas y autorizaciones aplicables; no puede resolverse únicamente desde una fotografía o una discusión en redes sociales.

Lo mismo ocurre con el radio de comunicaciones.

¿De verdad el problema de Colombia es que el presidente utilice un radio para mantenerse comunicado con quienes están desarrollando una operación?

En una operación de seguridad, la comunicación entre los diferentes componentes de la Fuerza Pública es esencial. Otra cosa es establecer si el presidente debe intervenir directamente en determinadas decisiones tácticas.

Esa función corresponde a las autoridades y mandos operacionales competentes.

Pero utilizar un elemento de comunicación durante un despliegue no debería convertirse, por sí solo, en motivo de burla.

Colombia necesita menos espectáculo político y más discusión seria sobre cómo recuperar la seguridad.

Porque mientras algunos se ríen de un radio, un uniforme o una imagen, en muchos barrios hay comerciantes que pagan extorsiones, familias que sienten miedo de salir de sus casas y ciudadanos que llevan años reclamando algo tan elemental como poder vivir tranquilos.

Eso sí: combatir el crimen no significa que todo esté permitido.

La Fuerza Pública y el Gobierno deben responder ante la Constitución, la ley, los jueces y los organismos de control.

Una política de seguridad fuerte también debe ser una política de seguridad responsable, con respeto por los derechos humanos y con resultados verificables.

El Gobierno ha presentado cifras importantes sobre capturas, afectación a estructuras criminales y extradiciones durante sus primeras semanas.

Esas cifras deben ser contrastadas y evaluadas con información oficial y verificable, pero muestran cuál es la prioridad que el actual Gobierno ha decidido poner sobre la mesa.

Y aquí está el verdadero punto de este debate:
No deberíamos discutir solamente si el presidente llevaba un arma o un radio.

Deberíamos discutir si el Estado está recuperando efectivamente los territorios donde durante años mandaron las estructuras criminales.

La ciudadanía tiene derecho a exigir resultados.
También tiene derecho a exigir que esos resultados se obtengan dentro de la ley.

Y la oposición tiene todo el derecho de cuestionar al Gobierno. Para eso existe la democracia.

Pero el debate debería concentrarse en las estrategias, los resultados, los costos y las consecuencias de la política de seguridad, no reducirse a burlas por la presencia del presidente en un operativo.

Colombia está cansada.

Cansada de la violencia.

Cansada de las extorsiones.

Cansada de los grupos armados.

Cansada de los territorios donde la autoridad del

Estado llega tarde o simplemente no llega.

Si el Gobierno ha decidido enfrentar frontalmente a las organizaciones criminales, tendrá que demostrar con hechos que esa estrategia funciona.

Y si no funciona, tendrá que responder ante los colombianos.

Pero si funciona, también habrá que reconocerlo.
Porque la seguridad no debería tener color político.

Cuando un ciudadano puede salir de su casa sin miedo, cuando un comerciante puede abrir su negocio sin pagar extorsiones y cuando una comunidad puede recuperar sus calles, el beneficio no es del Gobierno de turno: es de todos los colombianos.

Ese debería ser el verdadero objetivo.

Que vuelva a ganar la ciudadanía.

Que vuelva a ganar el Estado.

Que vuelva a ganar la tranquilidad.