Procuraduría ordena registro obligatorio de casos de violencia política contra las mujeres en Colombia

La nueva directiva busca fortalecer el seguimiento, la atención y la prevención de las agresiones contra las mujeres que participan en la vida política del país.

La Procuraduría General de la Nación puso en marcha un nuevo mecanismo de control para garantizar el registro y seguimiento obligatorio de los casos de violencia política contra las mujeres en Colombia.

La medida quedó establecida mediante la Directiva No. 004 de 2026, expedida por el procurador general, Gregorio Eljach Pacheco, en cumplimiento de la Ley 2453 de 2025. Con esta disposición, todas las dependencias del Ministerio Público deberán identificar, sistematizar y monitorear de manera prioritaria las denuncias relacionadas con hechos que vulneren el derecho de las mujeres a la participación y representación política.

Como parte de esta estrategia, la Procuraduría incorporó una ruta técnica dentro del Sistema de Información Misional (SIM), que permitirá a los funcionarios marcar de forma preferente los procesos preventivos y disciplinarios en los que existan presuntos actos de violencia política basada en género.

El sistema incluye un catálogo con las diferentes modalidades de violencia reconocidas por la ley, entre ellas la violencia digital, económica, física, psicológica, sexual, simbólica y vicaria.

Una vez registrada la tipología correspondiente, la plataforma generará una alerta automática para que el caso reciba seguimiento prioritario.
Según la Procuraduría, esta herramienta permitirá mejorar la atención de las denuncias, fortalecer el control institucional y consolidar estadísticas confiables sobre este tipo de violencia, información que será fundamental para diseñar políticas de prevención y protección de los derechos políticos de las mujeres.

Con esta decisión, el Ministerio Público busca reforzar la lucha contra cualquier forma de discriminación, intimidación o agresión que limite la participación femenina en los espacios de poder y en los procesos democráticos del país.