Procuraduría prende las alarmas en Cartagena por posible cambio en la empresa de servicios públicos: pide blindar agua, aseo y alcantarillado

El Ministerio Público anunció vigilancia especial ante la eventual creación de una nueva Empresa Oficial de Servicios Públicos Domiciliarios. Advirtió sobre posibles impactos en las tarifas y exigió garantías para los usuarios durante una eventual transición.

Una fuerte advertencia lanzó la Procuraduría General de la Nación frente a la posibilidad de que Cartagena cambie el modelo mediante el cual se administran servicios esenciales como agua potable, aseo y alcantarillado.

El pronunciamiento se produce mientras en el Concejo de Cartagena avanza la discusión sobre la creación de una nueva Empresa Oficial de Servicios Públicos Domiciliarios de Cartagena E.S.P., iniciativa que contempla participación del sector privado.

Ante este escenario, la Procuraduría Regional de Bolívar anunció que ejercerá una vigilancia especial para verificar que cualquier modificación institucional no termine afectando a los ciudadanos.

Procuraduría exige garantías para los usuarios
El Ministerio Público advirtió que, independientemente del modelo que finalmente adopte la ciudad, debe garantizarse la continuidad, calidad, eficiencia y sostenibilidad de los servicios públicos domiciliarios.

La entidad puso especial atención en una eventual etapa de transición y solicitó que se establezca con claridad cómo se garantizarán aspectos fundamentales para los usuarios, entre ellos: La continuidad del servicio de agua potable.
La prestación eficiente del servicio de aseo.
El funcionamiento del alcantarillado.
La facturación.
El recaudo.
La atención de peticiones, quejas y reclamos.
La respuesta ante emergencias.
La protección de los recursos públicos.
La estabilidad y control de las tarifas.

La gran preocupación: ¿qué pasará con las tarifas?
Uno de los puntos que más preocupa al Ministerio Público es el posible impacto del nuevo esquema sobre el valor de las tarifas que pagan los cartageneros.

La Procuraduría solicitó información que permita establecer de manera objetiva cómo funcionará el nuevo modelo y cuáles serían sus consecuencias económicas para los usuarios.

La advertencia adquiere especial relevancia porque cualquier modificación en la estructura de administración de los servicios públicos podría tener efectos directos sobre millones de decisiones cotidianas de los hogares y establecimientos comerciales de Cartagena.

Concejo deberá demostrar que el nuevo modelo es la mejor opción
Durante la discusión ante la plenaria del Concejo Distrital, la Procuraduría pidió que la iniciativa esté respaldada por estudios que permitan determinar si realmente el nuevo esquema representa una mejor alternativa para Cartagena.

En ese sentido, el Ministerio Público reclamó argumentos y soportes desde los puntos de vista técnico, jurídico, financiero, patrimonial, ambiental y de gestión del riesgo.

La pregunta de fondo es clara: ¿el nuevo modelo permitirá mejorar los servicios públicos de Cartagena sin afectar a los usuarios ni poner en riesgo los recursos públicos?

La Procuraduría considera que esta respuesta debe estar sustentada en estudios objetivos antes de avanzar en una decisión definitiva.

Agua, aseo y alcantarillado, en el centro del debate
La discusión no es menor. Se trata de servicios considerados esenciales para la población y cuya interrupción o deterioro puede generar consecuencias sanitarias, ambientales y sociales.

Por eso, el Ministerio Público anunció que mantendrá especial vigilancia sobre el proceso y sobre las decisiones que adopten las autoridades distritales.

La entidad también insistió en que deben protegerse los derechos colectivos y ciudadanos, así como garantizarse un adecuado manejo de los recursos públicos.

¿Qué pasaría durante una eventual transición?
Uno de los interrogantes que deberá resolver la administración distrital está relacionado con la operación durante el período en que eventualmente se produzca el cambio institucional.

La Procuraduría quiere conocer cómo se garantizarán los sistemas de facturación, recaudo, atención al usuario, recepción de quejas y reclamos y respuesta ante emergencias, evitando que el proceso termine generando traumatismos para los cartageneros.

Por ahora, el debate continúa en el Concejo de Cartagena, mientras el Ministerio Público deja sobre la mesa una advertencia contundente: cualquier nuevo modelo de servicios públicos debe demostrar que beneficia a la ciudad y, sobre todo, que no vulnerará los derechos de los usuarios.

Cartagena queda frente a una decisión clave
La eventual creación de una nueva empresa de servicios públicos abre uno de los debates institucionales más importantes para Cartagena: cómo administrar el agua, el aseo y el alcantarillado en los próximos años, quién tendrá el control, cuánto le costará al Distrito y, especialmente, cuánto terminarán pagando los ciudadanos.

La vigilancia anunciada por la Procuraduría pone ahora la lupa sobre el proceso y obliga a las autoridades distritales a explicar con claridad los alcances, costos, riesgos y beneficios del modelo que se pretende implementar.