Un atentado fallido al batallón Pichincha en cali vuelve a sembrar zozobra

Por Silverio José Herrera Caraballo.

Cali

Una vez más, la violencia irracional golpea el corazón de Colombia. La ciudad de Cali amaneció estremecida tras un atentado terrorista dirigido contra las instalaciones del Batallón de Infantería No. 3 “Pichincha”, una de las principales guarniciones militares del suroccidente del país.

Según la información preliminar, el ataque fue ejecutado utilizando un vehículo tipo bus, acondicionado como plataforma para lanzar artefactos explosivos. Uno de los cilindros fue lanzado hacia el interior del batallón, pero no detonó; sin embargo, otro sí explotó en las inmediaciones, generando una fuerte onda expansiva, incendio y pánico entre la población civil cercana.

El saldo inicial deja personas heridas (afortunadamente sin gravedad), pero el impacto psicológico es profundo. No se trata solo de cifras: es el mensaje de terror que se pretende sembrar en una ciudad que ya viene siendo golpeada por hechos similares en los últimos años.

Las autoridades han señalado de manera preliminar como responsables a estructuras disidentes de las FARC, específicamente al frente Jaime Martínez, una organización criminal que delinque en el suroccidente colombiano y que ha venido intensificando su accionar violento en zonas urbanas.

Lo ocurrido no es un hecho aislado. Cali se ha convertido, tristemente, en un escenario recurrente de ataques con explosivos. Apenas meses atrás, otro atentado dejó muertos y decenas de heridos en cercanías de una base aérea, evidenciando que los grupos armados ilegales han trasladado la guerra desde las zonas rurales hacia las ciudades.

Hoy, el uso de un bus como plataforma para ejecutar el atentado revive las páginas más oscuras de la historia del terrorismo en Colombia. No es solo la carga explosiva: es la intención de mimetizar el ataque en la cotidianidad, de infiltrar el miedo en la rutina diaria de los ciudadanos.

El alcalde de la ciudad ha confirmado que los responsables abandonaron el vehículo y huyeron a pie, lo que demuestra un nivel de planificación que no puede ser subestimado. Ante esto, se ha ofrecido una recompensa millonaria para dar con los autores materiales e intelectuales del atentado.

Pero más allá de la reacción institucional, hay una pregunta de fondo que el país debe hacerse: ¿cómo llegamos nuevamente a este punto? ¿En qué momento los grupos armados retomaron la capacidad de ejecutar ataques de esta magnitud en zonas urbanas?

No se puede normalizar que un batallón, ubicado en zona urbana, sea blanco de explosivos. No se puede aceptar que la ciudadanía conviva con el miedo como parte del paisaje. Y, sobre todo, no se puede relativizar la gravedad de estos hechos bajo discursos políticos que terminan justificando lo injustificable.
Este atentado es un mensaje directo contra el Estado, pero también contra la sociedad civil. Es una advertencia de que los enemigos de la institucionalidad siguen activos, organizados y decididos a sembrar terror.

Colombia no puede retroceder. Cali no puede acostumbrarse. Y las autoridades no pueden fallar.

Hoy más que nunca, la seguridad no es un discurso: es una urgencia nacional.