¿Quién responde cuando el poder parece estar por encima de la salud?

Por Andrés Ochoa López
Presidente de la Veeduría en Salud Color Esperanza

En un Estado Social de Derecho, el poder nunca puede convertirse en un escudo frente al control ciudadano. Mucho menos cuando están en juego la salud y la vida de miles de personas que dependen de un sistema llamado a garantizar un derecho fundamental.

Administrar una EPS implica una enorme responsabilidad. No se trata únicamente de dirigir una entidad, sino de asegurar que los pacientes reciban atención oportuna, acceso a medicamentos, procedimientos, tratamientos y servicios de salud sin barreras injustificadas.

Sin embargo, las denuncias por demoras en autorizaciones, dificultades en la entrega de medicamentos, suspensión de servicios y obstáculos para acceder a la atención médica continúan siendo una constante.

Detrás de cada caso hay una persona, una familia y una historia marcada por la incertidumbre.

A ello se suman interrogantes que han surgido en la opinión pública sobre presuntos vínculos familiares, por afinidad o por apellido, entre algunos directivos del sector salud y entidades gubernamentales, así como con integrantes del Senado de la República.

Es necesario ser enfáticos: formular preguntas no significa emitir condenas. En un Estado de Derecho, toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia.

Pero la ciudadanía también tiene derecho a exigir transparencia cuando existen circunstancias que generan inquietud o afectan la confianza en las instituciones.

La transparencia no debilita a las entidades; las fortalece. Las explicaciones claras, la rendición de cuentas y la información verificable son las mejores herramientas para disipar cualquier duda y proteger la legitimidad de quienes administran recursos públicos o recursos destinados a garantizar el derecho a la salud.

Mientras tanto, miles de pacientes siguen esperando respuestas. Esperan una cita especializada, un medicamento, una cirugía o una autorización que, en muchos casos, no puede esperar.

Ellos no preguntan por apellidos ni por influencias. Preguntan por qué el sistema continúa fallándoles.

Si existen vínculos familiares o personales entre funcionarios y directivos, corresponde a las autoridades competentes verificar que no exista ningún conflicto de interés y garantizar que las decisiones se adopten con absoluta independencia, transparencia y apego a la ley.

Si no existe irregularidad alguna, la claridad institucional será siempre la mejor respuesta.
La confianza ciudadana no se construye con el silencio. Se construye con hechos, con información y con la certeza de que nadie está por encima del escrutinio público cuando administra asuntos que comprometen la vida de las personas.

Como presidente de la Veeduría en Salud Color Esperanza, considero que el verdadero debate no debe centrarse en nombres o apellidos, sino en garantizar que ningún paciente vea vulnerado su derecho a la salud por fallas del sistema. Esa debe ser la prioridad de todos.

Porque cuando una persona pierde una oportunidad de tratamiento o incluso la vida por deficiencias en la prestación del servicio, el problema deja de ser administrativo o político. Se convierte en un asunto profundamente humano.

Los pacientes no necesitan privilegios. Necesitan respeto, respuestas y un sistema de salud que funcione con transparencia, eficiencia y responsabilidad.

Ese es el compromiso que la sociedad debe exigir y que las instituciones tienen la obligación de cumplir.