LAS NOTICIAS CARTAGENA

La dirección general de la ONG Internacional de DD.HH y Veeduría Publica Arbol Fuente de Vida y sus
colaboradores tanto nacionales como internacionales, rechazamos el ataque sistemático a uno de nuestros
inspectores en Cartagena Bolívar por parte de funcionarios de Coosalud EPS y a su vez manifestarles que
adelantaremos las acciones penales y disciplinarias que correspondan contra esta entidad y los funcionarios
responsables.
Somos una ONG. Fundación sin ánimo de lucro, defensora de DD.HH y Veeduría Publica Internacional, trabajamos por las familias en situación de pobreza extrema y en peligro de caer a la pobreza, madres cabeza de familia, niños y adultos mayores en condición de vulnerabilidad; nuestros esfuerzos se encaminan en la protección, defensa y promoción de los DD.HH, al desarrollo social y económico comunitario, generamos bienestar social por medio de prácticas de carácter productivo permitiendo que las familias tengan un crecimiento y una estabilidad mejorando su calidad de vida, luchamos por la protección, capacitación y empoderamiento de los lideres, lideresas sociales, defensores y defensoras de DD.HH para la consolidación de la verdadera paz que necesita nuestro país, a través de nuestra lucha contra la corrupción, la impunidad, el abuso de autoridad, la omisión, la negligencia, la mala praxis en la administración de Justicia, investigando los posibles yerros jurídicos que hayan en los procesos de carácter jurídico en los que estos hayan causado perjuicios irremediables a sus víctimas y de hallarlos en el ejercicio de nuestras funciones de investigación y control social, los ponemos a disposición de autoridad competente denunciando penal y disciplinariamente a los responsables, sea la autoridad que sea, cargo o poder que tenga, en el entendido que todos sin excepción debemos no solo hacer cumplir la ley sino además respetarla.
Es necesario precisar a todas las autoridades y demás servidores públicos sujetos a la ley 80 de 1993 (ley de contratación estatal) los cuales son todos aquellos ciudadanos que directa o indirectamente son pagos con recursos públicos y como tal son sujetos de control social de acuerdo a la ley 850 del 2003, ley estatutaria 1757 del 2015 art. Del 60 al 80 y ellos deben saber que si incumplen o violan las clausulas y las leyes de esta contratación que se pueden dar por acción, omisión, abuso de poder, abuso de autoridad, negligencia o vulneración de derechos o delitos que puedan cometerse contra un ciudadano, son sujetos a el control e intervención de la contraloría general de la nación, la Red Institucional de Apoyo a las Veedurías
que trata el art. 22 de la ley 850 del 2003 y al control social por parte de las veedurías y organizaciones sociales defensores de DD.HH legalmente constituidas.
Por tal motivo nuestros inspectores de DD.HH y Veedores Ciudadanos están legalmente facultados para hacer control a su función y es nuestro derecho conocer del buen o mal manejo de los recursos públicos y del comportamiento de todos los servidores públicos con los ciudadanos y que si alguno de nuestros
defensores o veedores ciudadanos es atacado, discriminado, amenazado, agredido verbal, física o psicológicamente, el funcionario o particular puede estar incurriendo en el delito de ataque a líder social y defensor de DD.HH que trata. El art. 188E Código Penal El que por cualquier medio atemorice o amenace a una persona que ejerza actividades de promoción y protección de los derechos humanos, o a sus familiares, o a cualquier organización dedicada a la defensa de los mismos, o dirigentes políticos, o sindicales comunicándole la intención de causarle un daño constitutivo de uno o más delitos, en razón o con ocasión de la función que desempeñe, incurrirá en prisión de setenta y dos (72) a ciento veintiocho (128) meses y multa de diecisiete punto setenta y siete (17.77) a doscientos salarios mínimos legales mensuales vigentes.
En la misma pena se incurrirá cuando las conductas a las que se refiere el inciso anterior recaigan sobre un servidor público o sus familiares.
PARÁGRAFO. Se entenderá por familiares a los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, segundo de afinidad o sobre cónyuge o compañera o compañero permanente o cualquier otra persona que se halle integrada a la unidad doméstica del destinatario de la amenaza.
También queremos recordarle a la EPS Coosalud y a sus trabajadores que la ONG Arbol Fuente de Vida en representación de nuestro Inspector de DD.HH y Veedor Ciudadano JORGE ELIECER RAMOS, además funcionario de la Veeduría Salud color y Esperanza, estamos adelantando algunas investigaciones por quejas de posibles irregularidades, omisiones y posibles negligencias por parte de esta EPS y otras en Colombia con sus usuarios.
Por tal motivo, rechazamos todo acto contra cualquiera de los compañeros que integran esta organización de DD.HH y Veedores Ciudadanos como la siguiente, el lunes 06 de diciembre de 2023 en la sede principal de Coosalud del barrio Olaya Herrera uno de nuestros inspectores en Derechos Humanos fue agredido verbalmente por varios funcionarios, comenzando por el vigilante de turno”, señaló Andrés Ochoa López, Coordinador en Cartagena de la ONG de DD.HH y Presidente de la veeduría. Salud Color y Esperanza de Cartagena Bolívar.
El inspector JORGE ELIECER RAMOS, es avalado por la ONG Árbol Fuente de Vida y miembro de la Red Observatorio Nacional de Veedurías, señaló que cada vez que llega a la EPS en mención le bloquean su ingreso. “En esta oportunidad fue en busca de una orden para la entrega de unos medicamentos para su hijo. A dicha entidad no me permiten ingresar ni como usuario ni como veedor. Tengo que esperar que una funcionaria autorice mi ingreso. Yo soy usuario de esa EPS y como tal me deben tratar”, señaló el veedor de Derechos Humanos.
Indicó que no pudo gestionar los medicamentos y una cirugía para su hijo. “No es la primera vez que esto ocurre”, puntualizó. Andrés Ochoa reiteró que “estos hechos no pueden seguir ocurriendo con la EPS Coosalud teniendo en cuenta que nuestro inspector es usuario de esa entidad y que no pueden ni deben violar sus derechos y los de su familia”.
Ante esta situación reiterada, como ONG de DD.HH y Veeduría se estudia que acción a tomar para solicitar a las autoridades el cumplimiento en la prestación de los servicios tanto a la comunidad como a nuestro Inspector de Derechos Humanos.