Claro y la «Ley Dejen de Fregar»: cuando el acoso telefónico parece no tener límites
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Hostigamiento. Esa es la palabra que mejor describe la experiencia de miles de usuarios con la empresa de telecomunicaciones Claro en Colombia.

Pese a la entrada en vigor de la Ley 2300 de 2023, conocida popularmente como la «Ley Dejen de Fregar», muchos ciudadanos continúan denunciando llamadas insistentes, mensajes de texto permanentes y estrategias de cobranza y comercialización que, en la práctica, parecen desconocer el espíritu de la norma.
La situación resulta asfixiante. Las llamadas llegan desde diferentes números, varios de ellos identificados por las aplicaciones como posibles líneas de spam.
Cuando no es una llamada, aparece un mensaje de texto. Y cuando el usuario decide no contestar, el bombardeo continúa desde otro número.
Lo más preocupante es el tono de algunas comunicaciones automatizadas. Escuchar una grabación que advierte que se perderá el número telefónico transmite la sensación de que la línea fuera propiedad de la empresa y no un servicio contratado por un ciudadano que tiene derechos como consumidor.
Lo paradójico es que, incluso cuando el usuario paga el saldo pendiente, los mensajes y llamadas continúan. Es decir, desaparece la deuda, pero permanece el hostigamiento.
Ante las quejas públicas, la respuesta suele ser la misma: «escríbanos por mensaje privado». Una salida que atiende casos individuales, pero que no resuelve un problema que, según múltiples denuncias de usuarios, parece ser sistemático.
También resulta inevitable preguntarse dónde están las autoridades encargadas de vigilar el cumplimiento de la Ley 2300 de 2023.
Si la norma fue creada para proteger a los consumidores de prácticas abusivas, los ciudadanos tienen derecho a conocer cuántas investigaciones se han adelantado, cuántas sanciones se han impuesto y qué resultados concretos ha tenido su aplicación.
Las leyes pierden sentido cuando no existen controles efectivos. Una norma que no se hace cumplir termina siendo simplemente un saludo a la bandera.
Los usuarios no están pidiendo privilegios. Solo exigen que se respeten los horarios, la frecuencia y las condiciones de contacto establecidas por la ley.
Exigen, en otras palabras, que las empresas entiendan que cobrar o vender un servicio no puede convertirse en una forma de acoso.
Porque cuando una empresa insiste una y otra vez mediante llamadas, mensajes y advertencias automatizadas, deja de prestar un servicio y comienza a invadir la tranquilidad de las personas.
La «Ley Dejen de Fregar» nació precisamente para evitar ese tipo de conductas.
Ahora corresponde a las autoridades demostrar que no fue creada únicamente para adornar el Diario Oficial, sino para proteger de verdad a los consumidores colombianos.




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