El juego del ego está poniendo en riesgo la vida de cerca de 243.000 afiliados de la EPS Coosalud en Cartagena tras quedar aproximadamente el 60% sin atención en el HUC

La Veeduría en Salud Color Esperanza y el portal Las Noticias Cartagena, en ejercicio de sus funciones de vigilancia y control social, alertan a la opinión pública, al Gobierno Nacional y a los organismos de control sobre la grave crisis que enfrenta la prestación de los servicios de salud para los usuarios de la EPS Coosalud en la ciudad de Cartagena.

Esta veeduría tuvo conocimiento y acceso a documentos que evidencian el deterioro financiero que afecta a la red prestadora de servicios por el incumplimiento en el giro oportuno de los recursos a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), situación que venía siendo advertida mediante reiteradas alertas tempranas.

Mediante comunicación oficial dirigida a la Presidencia de la República, a la Superintendencia Nacional de Salud y al auditor de la EPS Coosalud, doctor Mauricio José Jaramillo Cuartas, el Hospital Universitario del Caribe advirtió que, de no efectuarse el pago de los recursos adeudados, se vería obligado a suspender la prestación de los servicios para los usuarios de dicha EPS, garantizando únicamente la atención de urgencias.

Lamentablemente, los recursos no fueron girados oportunamente y se llegó a la denominada «hora cero», razón por la cual el Hospital Universitario del Caribe suspendió la atención a los usuarios afiliados a la EPS Coosalud, al no contar con los recursos financieros necesarios para continuar prestando los servicios.

Esta situación no solo afecta al Hospital Universitario del Caribe. También impacta a otras IPS, empresas de transporte asistencial, laboratorios, proveedores, especialistas y demás actores de la red de prestación de servicios, que dependen del flujo oportuno de los recursos para garantizar la atención de los pacientes.

De conformidad con la Ley 1122 de 2007, artículos 14 y 16, las EPS, especialmente las del régimen subsidiado, tienen la obligación de contratar como mínimo el 60 % del valor del gasto en salud con las Empresas Sociales del Estado (ESE) y hospitales públicos de su región, garantizando así la sostenibilidad de la red pública hospitalaria.

En Cartagena, la EPS Coosalud cuenta con aproximadamente 243.000 afiliados, por lo que el cumplimiento de esta obligación legal resulta fundamental para el funcionamiento de la red pública y para garantizar la continuidad de la atención de miles de usuarios.

El Hospital Universitario del Caribe ha realizado enormes esfuerzos para recuperarse de las crisis financieras que enfrentó en el pasado, gracias a una administración responsable liderada por su actual gerente y al respaldo de la Gobernación de Bolívar, en cabeza del gobernador Yamil Arana Padauí.

Sin embargo, ningún hospital puede sostener indefinidamente la prestación de los servicios cuando los recursos que legalmente le corresponden no son girados de manera oportuna.

Cabe resaltar que la Veeduría en Salud Color Esperanza, preocupada por esta situación, convocó hace algunos días una mesa de trabajo con la participación de la Superintendencia Nacional de Salud, el Ministerio de Salud y Protección Social, las EPS, las IPS, las autoridades territoriales y los organismos de control, con el propósito de construir soluciones antes de que esta crisis afectara directamente a los usuarios.

Según la información conocida por esta veeduría, el superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero, manifestó su disposición de asistir a este espacio. Sin embargo, un día antes de su realización, la mesa de trabajo fue aplazada por la Superintendencia Nacional de Salud.

Hoy, los hechos demuestran que las alertas emitidas por esta veeduría tenían fundamento. Lo que advertimos como un riesgo hoy se ha convertido en una realidad que afecta a pacientes, familias y prestadores de servicios de salud.

Por ello, hacemos un llamado urgente al Presidente de la República, al Ministerio de Salud y Protección Social, a la Superintendencia Nacional de Salud y al agente interventor de la EPS Coosalud, doctor Mauricio José Jaramillo Cuartas, para que adopten medidas inmediatas que permitan restablecer el flujo de recursos y garantizar la continuidad de la atención.

Hoy le hacemos estas preguntas al país:
¿Quién responderá por la salud y la vida de los usuarios que encuentran cerradas las puertas de un hospital por la falta de giro de los recursos?

¿Cómo se llama este juego en el que las diferencias administrativas, financieras o de poder terminan afectando directamente a los pacientes?

¿Dónde quedó el derecho fundamental a la salud?

¿Dónde quedó el derecho fundamental a la vida?

¿Acaso la Constitución Política de Colombia es un libro de adorno?

¿Acaso las leyes solo se cumplen para unos y se desconocen para otros?

La Constitución Política de Colombia, la Ley Estatutaria 1751 de 2015 y la Ley 1122 de 2007 imponen al Estado y a todos los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud la obligación de garantizar la continuidad, la oportunidad y la calidad de los servicios.

Ningún conflicto administrativo o financiero puede justificar que se ponga en riesgo la atención de cientos de miles de usuarios.

La Veeduría en Salud Color Esperanza reitera que esta crisis no puede seguir tratándose únicamente como un problema financiero.

Detrás de cada giro que no se realiza hay un paciente que espera un medicamento, una cirugía, una consulta, un tratamiento oncológico o una atención de urgencias.

Con la salud no se juega. Con la vida de los colombianos, mucho menos. La Constitución no fue escrita para adornar bibliotecas, sino para proteger la dignidad humana y garantizar derechos fundamentales.

Hoy exigimos decisiones inmediatas, responsabilidades claras y soluciones reales antes de que esta crisis cobre un costo aún más alto para los usuarios del sistema de salud en Cartagena.