LAS NOTICIAS CARTAGENA

Cartagena sigue sumando víctimas del nuevo «virus» laboral: «No hay plata… y si no le sirve, renuncie».

La investigación adelantada por la Veeduría en Salud Color Esperanza y Las Noticias Cartagena continúa revelando nuevas denuncias.

Lo que inicialmente parecía una serie de casos aislados hoy se perfila como una problemática que, presuntamente, estaría afectando a varias instituciones del sector salud en la ciudad.

En esta oportunidad, las denuncias recibidas involucran, presuntamente, a trabajadores de la Clínica San José de Torices y de la Clínica Blas de Lezo, quienes manifiestan estar enfrentando retrasos en el pago de salarios y otras obligaciones laborales, situación que estaría impactando gravemente la estabilidad económica de cientos de familias.

Un virus que no aparece en los laboratorios, pero sí destruye hogares

En Cartagena continúa propagándose un virus que no aparece en exámenes clínicos, no necesita vacuna y no hace parte de los boletines epidemiológicos.

Pero sí deja víctimas.
No produce fiebre, pero genera hambre.
No provoca tos, pero sí angustia.

No requiere hospitalización, pero sí destruye hogares, endeuda familias y pone en riesgo la estabilidad emocional y económica de quienes todos los días salen a salvar la vida de los cartageneros.

Su nombre ya es conocido por cientos de trabajadores del sector salud:
«No hay plata… y si no le sirve, renuncie.»

Mientras médicos, enfermeras, auxiliares, camilleros, personal administrativo y demás trabajadores continúan atendiendo pacientes con profesionalismo y vocación de servicio, muchos de ellos, según las denuncias recibidas, no saben cuándo recibirán el salario que ya se ganaron con su trabajo.

Ya no parecen ser casos aislados

La investigación adelantada por la Veeduría en Salud Color Esperanza y Las Noticias Cartagena ha permitido documentar denuncias que involucran, presuntamente, a trabajadores de varias instituciones de salud de la ciudad.

Hasta el momento aparecen mencionadas:
Nuevo Hospital de Bocagrande.
Clínica Maternidad Bocagrande de Alta Complejidad – Global MedCenter S.A.S.
Clínica Cardiovascular Jesús de Nazareth.
Clínica San José de Torices.
Clínica Blas de Lezo.

Las preguntas son inevitables:
¿Cuántas clínicas más están contagiadas por este virus laboral y aún no lo sabemos?
¿Cuántos trabajadores permanecen en silencio por miedo a perder su empleo?
¿Cuántas familias siguen soportando esta situación sin que las autoridades intervengan?

Cada nueva denuncia aumenta la preocupación y demuestra la necesidad de una actuación inmediata por parte de los organismos competentes.

¿Realmente el sistema está quebrado?

Durante años se le ha dicho al país que el sistema de salud atraviesa una profunda crisis financiera. Sin embargo, las denuncias conocidas dentro de esta investigación plantean interrogantes que deben ser esclarecidos por las autoridades.

Si los recursos destinados a la prestación de los servicios de salud continúan siendo girados, corresponde a los organismos de control establecer por qué tantos trabajadores denuncian retrasos en el pago de sus salarios.

Si existen problemas administrativos, financieros o de gestión, estos deben ser investigados y las responsabilidades determinadas conforme a la ley.

Lo que no puede seguir ocurriendo es que quienes sostienen el sistema con su trabajo sean quienes terminen pagando las consecuencias.
No solo se incumple un salario; podrían estarse vulnerando derechos constitucionales
El trabajo digno no es un favor.

Es un derecho fundamental protegido por la Constitución Política de Colombia.

El artículo 25 establece que toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.

El artículo 53 ordena garantizar el pago oportuno y la protección especial al trabajo.
El artículo 1 consagra la dignidad humana como principio fundamental del Estado Social de Derecho.

Y los artículos 20 y 37 protegen la libertad de expresión y el derecho a la protesta pacífica.
Si las denuncias son ciertas, no solo estaríamos frente a posibles incumplimientos laborales, sino ante una situación que merece una respuesta inmediata por parte de las autoridades competentes.

Lo más grave: el miedo a denunciar
Pero quizá lo más preocupante de este virus laboral no sea únicamente la falta de pago.
Según las denuncias conocidas por la Veeduría en Salud Color Esperanza y Las Noticias Cartagena, algunos trabajadores de varias de las instituciones mencionadas aseguran que, después de ejercer su derecho a protestar pacíficamente o denunciar su situación a través de redes sociales, habrían sido objeto de presuntas amenazas e intimidaciones para que guarden silencio.

Si estos hechos llegan a confirmarse, la situación sería aún más grave.

Ningún trabajador debería sentir miedo por reclamar el salario que ya se ganó.
Ningún profesional de la salud debería ser intimidado por defender sus derechos.

El silencio impuesto mediante amenazas jamás puede convertirse en la respuesta frente a una reclamación laboral.

Señor Ministro del Trabajo: ¿hasta dónde hemos llegado?

Hoy queremos dirigirnos directamente al señor Ministro del Trabajo.

¿Qué más tiene que ocurrir para que el Gobierno Nacional intervenga?

¿Vamos a esperar que las denuncias por falta de pago terminen convirtiéndose también en investigaciones por amenazas contra trabajadores que solo reclaman lo que legalmente les corresponde?

Los trabajadores de la salud fueron llamados héroes durante la pandemia.

Hoy muchos de ellos, según las denuncias recibidas, sienten que han sido olvidados.

Exigimos una mesa nacional de trabajo
La Veeduría en Salud Color Esperanza y Las Noticias Cartagena solicitan al Ministerio del Trabajo, al Ministerio de Salud y Protección Social, a la Superintendencia Nacional de Salud y a la Personería Distrital de Cartagena instalar de manera urgente una mesa de trabajo para verificar estas denuncias, proteger a los trabajadores y construir soluciones reales.
No se trata únicamente de revisar balances financieros.

Se trata de proteger vidas, familias y derechos.
Cartagena no puede seguir normalizando esta situación

No podemos aceptar que la respuesta frente a un trabajador que reclama el salario que ya se ganó sea:

«No hay plata… y si no le sirve, renuncie.»
Los trabajadores de la salud no están pidiendo privilegios.

Están exigiendo respeto.
Están exigiendo dignidad.
Están exigiendo el pago del fruto de su trabajo.
Si las denuncias son ciertas, las autoridades deben actuar de inmediato.

Si las denuncias son ciertas, los derechos laborales deben ser protegidos.

Si las denuncias son ciertas, Cartagena no puede seguir guardando silencio.

Porque cuando no se le paga a un trabajador de la salud, no solo pierde un empleado.
Pierde una familia.
Pierde Cartagena.

Y pierde la confianza en un sistema que depende, precisamente, del compromiso de quienes todos los días dedican su vida a cuidar la de los demás.