La verdadera enfermedad está en la administración, no en la Ley 100

Mientras los discursos oficiales insisten en que el sistema de salud colombiano atraviesa reformas y ajustes estructurales, en Cartagena la realidad en las IPS es otra: trabajadores sin salario, instituciones en crisis financiera y una cadena de responsabilidades que parece no tener dolientes.

A la ya denunciada situación de la Clínica Cardiovascular Jesús de Nazareth y del Nuevo Hospital de Bocagrande y la Clínica de Maternidad de Bocagrande Global MedCenter S.A.S se suman otros centros asistenciales e IPS de la ciudad donde también se han reportado retrasos en el pago de salarios, afectando a personal médico, asistencial y administrativo que sostiene diariamente la atención de los pacientes.

En distintos puntos del sistema de salud en Cartagena, trabajadores aseguran que llevan meses sin recibir su salario completo o enfrentan pagos fraccionados y constantes demoras.

La situación no es aislada: se ha convertido en un patrón que se repite en varias IPS, generando incertidumbre laboral y un deterioro progresivo en las condiciones de prestación del servicio.

Mientras tanto, los recursos del sistema continúan circulando a través de giros, contratos y pagos administrativos que, según los propios trabajadores, no se reflejan en sus cuentas bancarias ni en el cumplimiento de las obligaciones laborales.

La pregunta se vuelve inevitable: si el dinero está entrando al sistema, ¿en qué punto se está perdiendo la capacidad de garantizar algo tan básico como el pago de nómina?

La respuesta no puede seguir diluyéndose entre excusas administrativas, disputas contractuales entre EPS e IPS o señalamientos cruzados sobre cartera y deudas.

En el centro de la discusión están los trabajadores, quienes siguen cumpliendo sus turnos, atendiendo urgencias, realizando procedimientos y salvando vidas sin recibir la contraprestación económica que por derecho les corresponde.

Y aquí surge otro punto de debate: el sistema de salud colombiano no puede seguir reduciéndose a una discusión ideológica sobre la Ley 100.

La norma, por sí sola, no firma cheques, no administra hospitales ni decide la distribución de recursos.

El problema real está en los operadores del sistema, en quienes gestionan los recursos y en la falta de control efectivo de las autoridades encargadas de vigilar su correcta ejecución.

Cuando el control falla, cuando la supervisión es tardía o inexistente, y cuando la cadena de pagos se rompe sin consecuencias, el resultado es siempre el mismo: trabajadores sin salario y servicios de salud sostenidos a costa del sacrificio humano.

Ninguna ley justifica que un médico o una enfermera trabajen durante meses sin recibir pago.

Ningún modelo de salud debería normalizar el atraso sistemático de nóminas en múltiples IPS.

Y ninguna explicación administrativa puede estar por encima del derecho básico de un trabajador a recibir su salario.

Hoy, la crisis ya no se limita a una sola institución. Jesús de Nazareth, el Nuevo Hospital de Bocagrande, La Clínica de Maternidad de Bocagrande Global MedCenter S.A.S, y otras IPS de Cartagena reflejan una problemática más amplia que exige respuestas urgentes, no comunicados.

Porque mientras las entidades discuten cifras, los trabajadores enfrentan deudas, hambre y desesperación.
Y la pregunta sigue siendo la misma, cada vez más incómoda y más urgente: ¿quién responde por ellos cuando el sistema entero parece mirar hacia otro lado?

Aprovecho y le pregunto al señor Procurador de Bolívar. Acaso estas IPS no son de su importancia para reunirse y buscar soluciones o a también aplica qué los veedores debemos callar?