Paloma Valencia denuncia al ministro de Salud ante la Procuraduría por crisis en el sistema y caso de menor fallecido

La senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, radicó una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por lo que calificó como “gravísimas consecuencias” derivadas del deterioro del sistema de salud en el país.

La acción disciplinaria se presenta en medio de la polémica por el caso de Kevin Arley Acosta, menor que, según su familia, no recibió oportunamente medicamentos vitales para su supervivencia. Valencia cuestionó que desde el Gobierno se hayan atribuido responsabilidades a la familia del niño, luego de que el ministro hiciera referencia a que el menor utilizaba una bicicleta, declaración que ha generado fuerte rechazo.

Cuatro puntos centrales de la queja
De acuerdo con el documento radicado ante el Ministerio Público, la denuncia se sustenta en cuatro aspectos principales:

1. Deterioro de las EPS intervenidas.
   Valencia asegura que las EPS intervenidas por el Gobierno han desmejorado sus indicadores financieros y de prestación del servicio. Señala que presentan mayores deudas, incremento en las quejas de usuarios y aumento en la siniestralidad. Además, sostiene que durante la actual administración se dispararon las acciones de tutela relacionadas con la salud.
2. Incumplimiento en el aumento de la UPC.
   La congresista afirma que el Ministerio de Salud habría incumplido una orden de la Corte Constitucional para ajustar la Unidad de Pago por Capitación (UPC), lo que incluso habría derivado en un proceso de desacato. Según cifras citadas por el gremio ACEMI, el rezago financiero del sistema ascendería a 33 billones de pesos.
3. Declaraciones sobre la condición médica del menor.
   Valencia cuestionó las afirmaciones del ministro relacionadas con la actividad física en pacientes con hemofilia. Indicó que, según literatura científica, el ejercicio es recomendado para fortalecer músculos y huesos en estos pacientes, por lo que consideró “irrespetuosas” las declaraciones que, a su juicio, buscarían trasladar la responsabilidad a la familia.
4. Presunta violación de la reserva de la historia clínica.
   Finalmente, la queja señala que el Gobierno habría vulnerado la confidencialidad de la historia clínica del menor, al divulgar información que corresponde a datos sensibles protegidos por ley.
   La Procuraduría deberá ahora evaluar los argumentos presentados y determinar si existen méritos para abrir una investigación disciplinaria contra el ministro. El caso vuelve a encender el debate nacional sobre la crisis del sistema de salud y la responsabilidad del Gobierno en la garantía del derecho fundamental a la atención médica.