Un disparo policial, una bala desaparecida y un año sin respuestas: el caso de Edgardo Brom sacude a Cartagena
Según un informe del CTI, un patrullero habría causado la herida de bala que terminó con la vida del joven de 25 años.
En la historia clínica, su ingreso fue registrado como un accidente de tránsito; el proyectil extraído durante una cirugía no aparece y Medicina Legal incluyó la hipótesis de “sicariato”.
La familia exige respuestas de la Fiscalía.
Más de un año después de la muerte de Edgardo Brom Contreras, de 25 años, su familia continúa esperando respuestas sobre las circunstancias en las que recibió un disparo en la cabeza durante una persecución policial en Cartagena, el 7 de septiembre de 2025.
El caso reúne interrogantes de especial gravedad: un informe del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía atribuye la lesión mortal a un patrullero que participó en el procedimiento; la historia clínica registra que el joven ingresó a un centro asistencial por un supuesto accidente de tránsito; el proyectil extraído durante una cirugía desapareció del rastro documental y el dictamen de Medicina Legal, expedido en agosto de 2026, consignó la hipótesis de “sicariato”.
La familia, representada por un reconocido abogado, reclama que se esclarezcan los hechos y se establezca quién disparó, en qué circunstancias y por qué no se ha recuperado la principal evidencia balística.
El informe del CTI señala a un patrullero
Uno de los documentos centrales del expediente es el Informe Ejecutivo FPJ-3, del 18 de septiembre de 2025. Según el dossier entregado por la representación de la víctima, el CTI señaló que la lesión en la cabeza de Edgardo fue causada por uno de los patrulleros del cuadrante 7-25 del CAI San Pedro que intervino en el procedimiento.
El joven había resultado herido la noche del 7 de septiembre, durante una persecución policial que, según los informes citados en el expediente, se inició tras un presunto hurto de un teléfono celular en la avenida Pedro de Heredia.
Edgardo fue trasladado inicialmente a un centro asistencial y posteriormente remitido a la Clínica Medihelp. Allí, de acuerdo con la historia clínica, su ingreso quedó registrado como consecuencia de un accidente de tránsito al caer de una motocicleta.
Sin embargo, la necropsia ubicó el orificio de entrada del proyectil en la parte posterior derecha del cuello, mientras que la bala quedó alojada en la frente.
Edgardo permaneció hospitalizado hasta el 17 de septiembre de 2025, cuando falleció en una unidad de cuidados intensivos, diez días después de resultar herido.
La bala fue extraída, pero se desconoce dónde está
Otro de los puntos más delicados del caso es el destino del proyectil que fue retirado durante una intervención quirúrgica el 9 de septiembre de 2025.
Según la descripción de la cirugía, el proyectil fue extraído y entregado a una instrumentadora. El dossier señala que no fue enviado a patología ni entregado a la Fiscalía, y que el CTI dejó constancia de no haber recibido ese elemento bajo cadena de custodia.
La necropsia practicada después de la muerte resumió su situación con una expresión contundente: “se desconoce ubicación”.
La ausencia de esta evidencia plantea una pregunta fundamental para el esclarecimiento del caso: ¿cómo se realizará el cotejo balístico que permita determinar si el proyectil corresponde a alguna de las armas utilizadas por los uniformados que participaron en el procedimiento?
La familia solicita que se establezca quién recibió la bala, qué ocurrió con ella y si existieron fallas u omisiones en su manejo y preservación.
Medicina Legal habló de “sicariato”
Las contradicciones documentales también alcanzan el dictamen de Medicina Legal.
De acuerdo con el dossier, la palabra “sicariato” apareció inicialmente escrita a mano en el acta de inspección del cadáver. No obstante, el informe del CTI del 18 de septiembre de 2025 señaló que los investigadores conocieron la historia real de lo sucedido mucho después de los hechos.
Pese a ello, el dictamen de Medicina Legal, fechado el 22 de agosto de 2026, volvió a incluir la referencia al “sicariato”, aunque el mismo documento reconocía que el contexto del hecho no estaba determinado.
La representación de la familia cuestiona esa conclusión y pide que el dictamen sea revisado a la luz de los demás elementos del expediente, especialmente del informe del CTI que atribuye la lesión a un patrullero.
La discrepancia entre los documentos requiere una explicación técnica y judicial que permita establecer qué ocurrió aquella noche.
Un testigo aseguró que hubo otro disparo cuando Edgardo iba a levantarse
El expediente también recoge la declaración del acompañante de Edgardo, quien, según el dossier, manifestó ante el CTI que ambos cayeron de la motocicleta y que, cuando Brom iba a levantarse, escuchó otro disparo.
El testigo afirmó que no portaban armas.
Esta versión deberá ser contrastada con los demás elementos materiales probatorios y las actuaciones de los investigadores para reconstruir de manera precisa la secuencia de los hechos.
El dossier también menciona una solicitud de devolución de un arma, fechada el 20 de septiembre de 2025, dentro de un proceso paralelo adelantado por la SIJIN. Según la familia, todavía no se ha aclarado a qué arma correspondía el trámite ni a quién fue entregada.
La familia cuestiona la demora de la investigación
De acuerdo con la cronología aportada por el abogado, la Fiscalía ordenó labores investigativas el 22 de septiembre de 2025, pero estas se habrían cumplido el 27 de marzo de 2026, después de un requerimiento calificado como urgente y prioritario.
Además, la familia tuvo que acudir a una acción de tutela para obtener la necropsia, que fue emitida en agosto de 2026, casi once meses después de la muerte.
La representación de la víctima sostiene que, hasta octubre de 2026, ningún uniformado había sido escuchado dentro de la investigación, no se había practicado el cotejo balístico solicitado y el proyectil continuaba sin aparecer.
Estas circunstancias son objeto de cuestionamiento por parte de la familia, que reclama una investigación diligente, independiente y capaz de esclarecer las posibles responsabilidades.
¿Qué le están pidiendo a la Fiscalía?
En octubre de 2026, la representación de la víctima presentó un memorial ante la Fiscalía 70 Seccional de Cartagena, Unidad de Delitos contra la Vida, con varias solicitudes para avanzar en el caso.
Entre las principales peticiones figuran:
Revisar y corregir el dictamen de Medicina Legal frente a las contradicciones señaladas.
Localizar el proyectil extraído durante la cirugía y practicar el correspondiente cotejo balístico.
Obtener los registros de armamento, comunicaciones por radio y GPS de la patrulla que intervino.
Escuchar a los uniformados que participaron en el procedimiento.
Investigar la pérdida del proyectil y establecer quién tuvo bajo su responsabilidad ese elemento.
Garantizar que las diligencias sean adelantadas por el CTI y solicitar que el caso permanezca en la justicia ordinaria, sin trasladarlo a la Justicia Penal Militar.
La familia insiste en que la investigación debe esclarecer tanto las circunstancias del disparo como las actuaciones posteriores y el manejo de las pruebas.
Las preguntas que siguen sin respuesta
El caso de Edgardo Brom Contreras deja varios interrogantes que requieren respuesta de las autoridades:
¿Por qué el ingreso del joven al centro asistencial quedó registrado como un accidente de tránsito si la investigación del CTI señala que sufrió una lesión causada por un disparo?
¿Dónde está el proyectil extraído durante la cirugía y quién lo recibió?
¿Por qué no se ha realizado el cotejo balístico solicitado por la familia?
¿Qué arma fue objeto de la solicitud de devolución del 20 de septiembre de 2025?
¿En qué elementos se sustentó la referencia al “sicariato” en el dictamen de Medicina Legal?
¿Por qué, según la representación de la víctima, los uniformados que participaron en el procedimiento aún no habían sido escuchados dentro de la investigación?
La respuesta a estas preguntas es indispensable para esclarecer lo ocurrido y determinar si hubo responsabilidades penales o posibles irregularidades en el manejo de la evidencia.
Un caso que exige claridad y transparencia
La muerte de Edgardo ocurrió en septiembre de 2025 y, más de un año después, su familia sigue reclamando que la investigación avance y que las contradicciones documentales sean resueltas.
El caso se encuentra en etapa de indagación. Según el dossier, ninguna persona ha sido imputada ni condenada por estos hechos, por lo que los uniformados mencionados deben ser considerados inocentes mientras no se demuestre lo contrario.
La gravedad de las preguntas planteadas exige conocer las versiones oficiales de la Policía Metropolitana de Cartagena, la Fiscalía General de la Nación y Medicina Legal sobre el estado de la investigación, el destino del proyectil y las actuaciones adelantadas.
La pregunta de fondo sigue siendo la misma: ¿qué pasó realmente la noche en que Edgardo Brom Contreras recibió el disparo que terminó con su vida, y por qué, después de más de un año, su familia continúa esperando respuestas?
Resumen ejecutivo: caso Édgar Brown Contreras
Édgar Brown Contreras, de 25 años, falleció el miércoles 17 de septiembre de 2025, luego de permanecer varios días en delicado estado de salud por un disparo en la nuca que recibió durante un confuso episodio ocurrido la noche del domingo 7 de septiembre, en inmediaciones del sector La Plazuela, en Cartagena.
Según el relato de sus familiares, el joven se movilizaba en una motocicleta junto a un amigo cuando, presuntamente, fueron interceptados por una patrulla policial tras tomar una vía en contravía. Ambos habrían caído del vehículo y, en medio de la situación, Édgar recibió el disparo. Sus familiares señalaron a un uniformado como presunto responsable y afirmaron que los jóvenes no estaban armados.
Tras lo ocurrido, Édgar fue trasladado a un centro asistencial, donde los médicos detectaron la herida por arma de fuego. Debido a la gravedad de su condición, fue remitido a otra institución médica y sometido a procedimientos quirúrgicos, pero no logró recuperarse y posteriormente falleció.
La víctima era reconocida por su talento futbolístico, su dedicación al trabajo y su compromiso con su familia. Dejó un bebé de apenas cinco meses.
Aspecto central del caso: esclarecer las circunstancias en las que se produjo el disparo y determinar si existió responsabilidad de algún integrante de la Policía Nacional. Los señalamientos corresponden a la versión de sus familiares y deben ser verificados por las autoridades competentes.
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