Denuncian presuntas amenazas contra usuaria de Mutual Ser tras presentar quejas en salud

Veeduría pide intervención urgente de las autoridades.

La denuncia de una usuaria afiliada a Mutual Ser EPS en el sur de Bolívar ha generado preocupación entre organizaciones de control social y defensores de los derechos de los pacientes.

Según el testimonio conocido por la Veeduría en Salud Color Esperanza y Las Noticias Cartagena, la mujer habría recibido presuntas intimidaciones luego de manifestar inconformidades relacionadas con la atención en salud, un hecho que ya fue puesto en conocimiento de las autoridades para su respectiva investigación.

El caso ha encendido las alarmas debido a que, de confirmarse los hechos, podría afectar el derecho de los ciudadanos a presentar peticiones, quejas y reclamos sin temor a posibles represalias.

Ante esta situación, las organizaciones solicitaron garantías para la protección de la denunciante y de todos los usuarios que ejercen control social sobre la prestación de los servicios de salud en la región.

La Veeduría en Salud Color Esperanza y Las Noticias Cartagena expresan su profunda preocupación por el testimonio entregado por una usuaria afiliada a Mutual Ser EPS, quien denuncia haber recibido presuntas amenazas por parte de una gestora que presta sus servicios en la región del sur de Bolívar.

De acuerdo con el relato entregado por la usuaria, la presunta amenaza se habría producido luego de que esta presentara inconformidades relacionadas con la atención en salud.

Según su testimonio, la gestora le habría manifestado expresiones intimidatorias, entre ellas: “No se queje de mí; vea que mi familia pertenece a un grupo armado y ya sabe lo que les pasa”.

Estas afirmaciones corresponden exclusivamente a la versión suministrada por la usuaria y deberán ser objeto de investigación por parte de las autoridades competentes.

La gravedad de estos señalamientos ha generado preocupación entre los usuarios, quienes manifiestan temor a ejercer su derecho a presentar quejas, reclamos y denuncias por posibles fallas en la prestación de los servicios de salud.

Recordamos que la Constitución Política de Colombia, en sus artículos 2, 20, 23 y 49, protege el derecho de los ciudadanos a participar, presentar peticiones ante las autoridades, expresar sus inconformidades y acceder a los servicios de salud sin presiones ni intimidaciones.

Asimismo, el artículo 95 establece el deber ciudadano de colaborar con las autoridades y participar en la vigilancia de la gestión pública.
De igual manera, la Ley 1751 de 2015 (Ley Estatutaria de Salud) reconoce la salud como un derecho fundamental autónomo y garantiza a los usuarios el derecho a presentar peticiones, quejas, reclamos y denuncias relacionadas con la prestación de los servicios de salud.

Asimismo, la Ley 850 de 2003, que regula las veedurías ciudadanas, protege el ejercicio del control social y la participación de los ciudadanos en la vigilancia de la gestión pública y de las entidades que administran recursos o prestan servicios de interés público.

Desde la Veeduría en Salud Color Esperanza hacemos un llamado urgente al doctor Galo Viana, a Mutual Ser EPS, al gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, al Ministerio del Interior, a la Defensoría del Pueblo y al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, para que acompañen este caso y se adopten las medidas necesarias para garantizar la protección de la usuaria denunciante y de todos los ciudadanos que ejercen control social sobre los servicios de salud.

De igual forma, reiteramos nuestra solicitud de que Mutual Ser EPS revise la gestión de las gestoras en los diferentes municipios del sur de Bolívar y evalúe la coordinación regional de esta zona, con el fin de garantizar una atención basada en el respeto, la transparencia y la protección de los derechos de los afiliados.

Ningún usuario debe sentir temor por exigir una cita médica, un medicamento, un procedimiento o una atención digna. Los ciudadanos tienen derecho a reclamar, denunciar y participar en el control social sin presiones, intimidaciones o posibles represalias.

Solicitamos a las autoridades competentes investigar con celeridad estos hechos y, de encontrarse mérito, adoptar las medidas de protección y las acciones administrativas, disciplinarias o penales que correspondan.

La información relacionada con este caso ya fue puesta en conocimiento de las autoridades competentes para que se adelanten las investigaciones correspondientes y se establezcan las responsabilidades a que haya lugar, siempre respetando el debido proceso y la presunción de inocencia.